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Entre Ríos Información General Provincial

Lt40. Información general Provincial

El gobierno dijo que espera la paritaria nacional, y los docentes salieron desconformes del encuentro

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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se declaró en estado de alerta y movilización, luego de que en la reunión mantenida con el gobierno entrerriano no hallaran la respuesta esperada. “El gobierno no llevó propuesta, y dice que no hay plata”, dijeron fuentes del gremio. Desde el gremio docente insisten en que no habrá inicio de clases si no hay una propuesta de incremento salarial. Eso dijeron a inicios de la semana, y por eso el gobierno convocó a una reunión que se desarrolló este jueves en la Casa de Gobierno. Mientras se producía el encuentro, militantes gremiales y docentes enrolado en la lista Rojo y Negro se convocaron frente a la Casa de Gobierno. Pero la reunión terminó sin novedades, según dijeron a ANÁLISIS DIGITAL. No obstante, el gobierno dice que esperará a la paritaria nacional para hacer una oferta salarial.


AGMER había adelantado que al encuentro llevarían los lineamientos que fueron resultado del plenario de secretarios generales llevado a cabo en Concepción del Uruguay. El sindicato advirtió que espera de que “exista una propuesta que permita iniciar el ciclo lectivo con normalidad” y resaltó que pedirá “aumento salarial en blanco que alcance a la totalidad de trabajadores activos y jubilados, que el aumento sea retroactivo a enero y acorde a la inflación real”. Sin embargo las primeras noticias, apenas media hora después de convocada la reunión, no eran alentadoras.

AGMER pidió “aumento salarial en blanco, retroactivo a enero, que alcance a la totalidad de trabajadores activos y jubilados”. También reclamará “por el atraso en el último cronograma de pagos y se exigirá que no se repita”.

También reclamaron “por el atraso en el último cronograma de pagos y se exigirá que tal situación no se repita en el mes venidero”.

Desde el gobierno indicaron que que se aguardará la paritaria nacional para elaborar propuesta salarial. Por parte del gobierno estuvieron eministro de Gobierno, Adán Bahl, que encabezó el encuentro, además del Ministro de Economía Diego Valiero y de Educación José Lauritto, adelantó que será una reunión para escuchar lo que tienen que plantear los gremios. En cuanto a la propuesta salarial se aguardará lo que se defina a nivel nacional para elaborar una oferta y ofrecer a los gremios de la provincia.

El gobierno dijo que espera la paritaria nacional, y los docentes salieron desconformes del encuentro

Sesionó el Plenario de Secretarios Generales de AGMER

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Declaración

El Consejo de Secretarios Generales de AGMER, reunido en la localidad de Concepción del Uruguay el día 23 de enero de 2015, expresa a la comunidad educativa entrerriana lo siguiente:

– Demandamos al Gobernador de la Provincia, Sergio Urribarri, una inmediata recomposición salarial retroactiva a Enero que alcance a la totalidad de trabajadores activos y jubilados y que lleve nuestros salarios a niveles acordes con la inflación real y el costo de vida. Dejamos absolutamente en claro que todo aumento salarial debe ser en blanco para que no se desfinancie ni las obras sociales ni la Caja de Jubilación.

– Repudiamos la dilación de los tiempos por parte del gobierno provincial, ya que recordamos que desde junio del año pasado venimos solicitando instancias de diálogo y que recién ayer se nos informó de una convocatoria para la semana que viene. De la misma manera es condenable el atraso en el cronograma de pagos del mes de Enero y recordamos que nuestra demanda es que todos los trabajadores perciban sus haberes antes del día 5 de cada mes.

– En el mismo sentido, exigimos la devolución de lo descontado por adhesión a huelgas, equiparación de las asignaciones familiares y equiparación salarial para todos los directivos de distintos niveles y modalidades.

– Señalamos a toda la sociedad de nuestra provincia la ausencia del Gobernador de la Provincia del territorio y advertimos que la realidad que relata Urribarri en algunos medios nacionales dista mucho de la que vivimos los entrerrianos, ya que nuestra provincia tiene déficit fiscal que se cubre tomando deuda pública que los trabajadores no pensamos pagar.

– Una vez más exigimos al gobierno nacional que se modifique la ley de impuesto a las ganancias para que el salario deje de ser considerado ganancia. Mientras esto se logre demandamos que la patronal estatal deje de efectuar las retenciones correspondientes a este impuesto.

– En cuanto al IOSPER, demandamos que se aumente el aporte patronal al mismo nivel que perciben las Obras Sociales nacionales, o sea llevar estos aportes del 4% al 6% y exigimos al Poder Legislativo la inmediata sanción de la ley antiplus. Ambas demandas se enmarcan en nuestra definición de defender la Obra Social solidaria de los trabajadores.

– Frente a la universalización de la sala de 3 años y la obligatoriedad de la sala de 4 años, exigimos al Estado la infraestructura, los cargos y el equipamiento necesario para llevar adelante estas importantes medidas, históricamente demandadas por el Sindicato, en el Nivel Inicial.

– Demandamos al Consejo General de Educación la inmediata impresión de las credenciales para el Nivel Secundario y el llamado a inscripción para Ingreso, Pase y Traslado para los niveles Inicial y Primario en todas sus modalidades.

– Exigimos al  Gobierno la creación de cargos docentes y no docentes para todos los niveles del sistema educativo.

– Exigimos al gobierno provincial inmediata respuesta a las demandas efectuadas en materia de infraestructura y transporte escolar. De la misma manera, exigimos aumento en las partidas correspondientes a comedores escolares y actualización de las partidas para limpieza.

– En relación al Programa Nacional de Formación Permanente, solicitamos que en la segunda cohorte en 2015 se incluya un cronograma que recupere los días institucionales no realizados en el 2014, como así también la convocatoria a la Comisión Técnica de Monitoreo del Programa ya constituida a fin de evaluar avances y falencias  ejerciendo una participación real en el programa.

– Por último, recalcamos que es responsabilidad exclusiva del gobierno provincial tomar las medidas presupuestarias y salariales necesarias para el normal inicio del Ciclo Lectivo 2015 y llamamos a los compañeros docentes a continuar en estado de alerta y movilización lo que resta del receso y durante las actividades previas al inicio del Ciclo. Recordamos que de no recibir respuestas satisfactorias a nuestras demandas el Ciclo Lectivo 2015 no se iniciará conforme a lo resuelto por nuestro Congreso.

Sesionó el Plenario de Secretarios Generales de AGMER

Documento de organizaciones entrerrianas: Acueductos y endeudamiento provincial, una ley con dudosos fines

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Ante la cuestionable aprobación de una ley que autoriza a celebrar con una empresa China un contrato de Obra Pública y a endeudar a la provincia por más de 430 millones de dólares, con el objeto de ejecutar las obras denominadas “Acueducto del Norte Entrerriano – La Paz – Estacas y sistematización y distribución de agua para riego – Mandisoví Chico”, los abajo firmantes advertimos con preocupación que:

 

La mencionada norma autoriza al Poder Ejecutivo:

 

  • a celebrar un contrato de manera directa y sin licitación con una corporación china (violando la Ley de Obras Públicas), sin conocerse ningún detalle de la obra (art. 1º), y a
  • a endeudar a nuestra provincia por más de 430 millones de dólares más intereses, con bancos y aseguradoras chinas, según condiciones que pueden ser modificadas de manera unilateral por la entidad concedente (art. 2º y anexo I de la ley).
  • faculta al Poder Ejecutivo (art. 3º) a garantizar el cumplimiento del crédito con los fondos que recibe la provincia de la Coparticipación Federal de Impuestos (principal fuente de financiamiento del Estado entrerriano), y
  • se compromete a aprobar en un plazo máximo de seis meses la creación de nuevos tributos que recaerán sobre los contribuyentes con el fin de pagar el crédito y sus intereses (art. 5º).
  • se creará una Unidad Ejecutora, que se constituirá y funcionará según lo disponga el Poder Ejecutivo (art. 4º). Será la que definirá sobre el uso de los fondos y el destino que tendrán, de manera directa y sin trámite de licitación.
  • se renuncia a nuestra soberanía aceptando de manera servil la aplicación de la legislación inglesa en el caso de que se susciten controversias futuras (Anexo I).

 

Si bien consideramos la utilidad y necesidad del riego para el uso productivo, con el arraigo de los pequeños y medianos productores, como también el papel de nuestros organismos científicos y académicos provinciales y nacionales para evaluar, proyectar y analizar posibles riesgos del mega-emprendimiento presente; del texto de la ley no surgen garantías ni indicios de los efectos favorables de esa obra, menos aún que sus eventuales beneficios puedan llegar a los pequeños productores entrerrianos ni mejorar las producciones agrícolas o incrementar la superficie cultivada.

 

No ha sido posible acceder a la información detallada de las obras ni del acuerdo celebrado con China que la ley aprueba, encontrando solo silencio y secretismo ante legítimos requerimientos a las autoridades competentes.

 

Hay una falta inexplicable de estudios económicos y financieros que avalen la obra. No existen estudios de impacto ambiental, que consideren las importantes consecuencias que generaría un fuerte cambio de la matriz productiva en la zona. Por otro lado, los costos iniciales previstos por el PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Pciales.) para una obra similar eran de 92 millones de dólares, y ahora casi se quintuplican sin justificación.

 

Esta Ley se inscribe dentro del Convenio Marco firmado por nuestro país con China en Julio del 2014 y que con un furtivo debate dio media sanción el Senado Nacional. Este convenio  significa comprometer el futuro nacional transformándonos en una dependencia colonial.

A cambio de financiamiento (y dentro de ello el refuerzo urgente de las reservas de divisas) se otorga condiciones excepcionales a las empresas chinas en la energía, la industria, la minería y las obras de infraestructura (incluso la posibilidad de directamente importar mano de obra china e importar insumos sin aranceles).

 

Ante el acto violatorio por la falta de publicidad de los actos de gobierno, que la convierte en un instrumento de dudosa constitucionalidad, dejando amplios márgenes para actos eventuales de corrupción, reclamamos:

 

  • la inmediata derogación de la cuestionada ley,
  • la más amplia información y transparencia de los actos de gobierno,
  • la convocatoria a los múltiples sectores involucrados en las obras planteadas,
  • las consultas necesarias a organismos públicos y no gubernamentales,

 

antes de avanzar en acuerdos secretos que comprometen el futuro de todos los entrerrianos.

 

Nada que sea bueno puede ser secreto.

 

Quienes gobiernan la provincia deberían ser los más fieles guardianes de la Constitución y los más firmes defensores de los intereses del pueblo entrerriano.

 

Paraná, miércoles 21 de enero de 2015.-

 

MULTISECTORIAL EN DEFENSA DEL PATRIMONIO DE LOS ENTRERRIANOS

 

 

* Firman el documento las siguientes personas y organizaciones:

 

-         Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, carrera de Comunicación Social, UNER.

-         FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA – ENTRE RÍOS.

-         COLEGIO DE ABOGADOS, Sección Paraná.

-         COPAER – Colegio de Profesionales Agrónomos de Entre Ríos.

-         ASOCIACIÓN GREMIAL DEL MAGISTERIO DE ENTRE RÍOS, Sec. Paraná.

-         CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE ENTRE RÍOS.

-         CHACAREROS FEDERADOS – FAA.

-         FEDECO Federación Entrerriana de Cooperativas.

-         ASAMBLEA “MÁS RÍOS, MENOS TERMAS”.

-         FUNDACIÓN M’BIGUÁ.

-         Proyecto Tierra.

-         Foro Ecologista de Paraná.

-         Foro WAJ MAPU de Chajarí.

-         JAPL – JUNTA ABYA YALA POR LOS PUEBLOS LIBRES.

-         ASOCIACIÓN CIVIL “PARANÁ, Ciudad Inteligente”.

-         CEMUPRO – Centro de Estudios Municipales y Provinciales de ER.

-         Centro de Estudios “Germán A. Lallemant”.

-         FUNDER – Fundación para el Desarrollo de Entre Ríos Gdor. Urganga.

-         Fundación PENSAR ENTRE RÍOS.

-         Abogados PRO de Entre Ríos.

-         Proyecto SUR de Entre Ríos.

-         Partido del Trabajo y del Pueblo PTP – PCR Entre Ríos.

-         Partido Socialista Auténtico de ER.

-         Partido Socialista de Entre Ríos.

-         Corriente Socialismo Popular en el Partido Socialista de ER.

-         Unión Cívica Radical de Entre Ríos.

-         Bloque Diputados Provinciales de la UCR.

-         UCR Comité Capital Paraná.

-         MID Movimiento de Integración y Desarrollo de Entre Ríos.

-         Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA).

-         Juventud Comunista Revolucionaria.

-         Alejandra Gervasoni – Secretaria de Jubilados por minoría Rojo y Negro Agmer central.

-         Guillermo Luciano – FUNDAVIDA.

-         Mauricio Castaldo – Secretario Formación AGMER María Grande y editor del Foro Artiguista Entrerriano.

-         Ing. Agrónomo Alberto Kipen.

-    Sociedad Rural Argentina La Paz.
-    Federación Agraria Filial La Paz.
-    Centro Comercial la Paz.
-    Asociación de Promoción Económica Regional La Paz.
-    Cooperativa Agropecuaria La Paz Ltda.
-    Asociación de Pequeños Productores del Centro Norte de Entre Ríos (APROCENER)
-    Partido Unión Cívica Radical La Paz.
-    PRO La Paz.
-    Unión por la Libertad.
-    Partido del Trabajo y del Pueblo La Paz.

-         CTA Autónoma Seccional La Paz.

-         Minoría Rojo y Negro AGMER Seccional La Paz.

-         Agrupación Docente Rojo y Negro Santa Elena.

-         Agrupación Docente Rojo y Negro La Paz.

-         AGMER Seccional Santa Elena.

 

--------------------

 

* Contactos:

 

. Luis Lafferriere / 0343 – 4315545 / luis.lafferriere@gmail.com">luis.lafferriere@gmail.com

. María Emma Bargagna / 0343-156210316 / diputadabargagna@hotmail.com">diputadabargagna@hotmail.com

. Carlos Retamoza / 0343-156110943 / Carlosretamoza273@hotmail.com">Carlosretamoza273@hotmail.com

. Alejandra Villa / 03438-15453205 / alejandra1.9villa@gmail.com">alejandra1.9villa@gmail.com

. Juan Manuel Alzamendi / 0343-156202555 / juanalzamendi@gmail.com">juanalzamendi@gmail.com

. Pablo Benetti / 0343-155106220 / pablobenetti@argentina.com">pablobenetti@argentina.com



Documento de organizaciones entrerrianas: Acueductos y endeudamiento provincial, una ley con dudosos fines
Última actualización el Jueves, 22 de Enero de 2015 11:50

El STJ puso un freno, pero habrá despidos graduales durante 2015 en el Poder Judicial

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En septiembre se anunció que unos 400 trabajadores judiciales con menos de cinco años de antigüedad quedarían cesantes a partir del 31 de diciembre de 2014. La medida se postergó y habrá despidos progresivos hasta junio de 2015, se indicó. Los trabajadores se quejan por lo injusta de la disposición y cuestionan el rol del sindicato AJER; desde el gremio repiten los argumentos del Superior Tribunal de Justicia y dicen que, en adelante, para acceder a un cargo se deberá atravesar un concurso.
Alrededor de 400 empleados judiciales –el número no está claro, podrían ser más o algunos menos– serán cesanteados en los próximos seis meses. Son aquellos trabajadores temporarios que al 31 de diciembre tengan cinco años de antigüedad o menos.

La medida se presentó en el marco de un plan de regularización de la planta de personal del Poder Judicial, que se había analizado previamente en una comisión conformada por magistrados, funcionarios judiciales y representantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). El filtro impuesto por la comisión eran los concursos, se dijo, es decir, nadie ingresaría a trabajar en tribunales sin atravesar un concurso.

La idea comenzó a pergeñarse en abril del año pasado a raíz de la “compleja situación que presenta la conformación actual de la planta de empleados del Poder Judicial” y los requerimientos de personal que implicaría la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en Paraná, según se planteó en la Comisión de Personal.

Los argumentos esgrimidos en aquel entonces lucen contradictorios: por un lado, se esgrimía la necesidad de fortalecer el sistema de ingreso por concurso y “adaptar la planta (de personal) a las necesidades que supone un servicio de justicia más especializado”; pero, por otro lado, se planteaba “que la cantidad de cargos de la planta del Poder Judicial no ha crecido en la medida en que se han incrementado la cantidad de organismos y causas”.

“Es necesario comenzar a tomar medidas”, fue la conclusión.

Y la medida final terminó siendo el despido de todo el personal temporario que al 31 de diciembre pasado no cumpliera con una antigüedad de cinco años en el Poder Judicial, según se dispuso por Acuerdo General del STJ, el 23 de septiembre. Aunque la medida fue postergada, los despidos serán progresivos en los primeros seis meses de 2015.

El filtro de los concursos

“El corte supone un parámetro de justicia, dado que los que tienen menos de esa antigüedad (cinco años), han podido en Paraná, y en la mayoría de las jurisdicciones, rendir concursos abiertos de ingreso al Poder Judicial dos veces, y en el resto de las jurisdicciones por los menos una vez”, fundamentó la Comisión de Personal del STJ, que integran Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone; ampliada con la participaron de la presidenta del alto cuerpo, Claudia Mizawak; los titulares de los ministerios públicos, Maximiliano Benítez (defensa) y Jorge García (fiscalía); Rubén Chaia y Federico Planas, por la Asociación de Magistrados; y Florentino Agostini, por AJER.

La medida implica que alrededor de 400 trabajadores recibirán la notificación de su despido en los próximos meses.

En tanto, aquellos temporarios que tengan una antigüedad mayor pasarán a integrar “una estructura de personal con derecho a permanencia, pero sin estabilidad, que será destinada a la atención de distintas necesidades que se susciten en cualquier fuero, instancia u organismo administrativo o de los ministerios públicos”. En esta situación quedan otros 200 empleados judiciales.

A la vez, hay un tercer grupo, que son aquellos que desempeñan funciones técnicas, y que fueron exceptuados de la medida y conservarán sus puestos aunque no cumplan con los cinco años de antigüedad que establece el acuerdo del STJ.

Hasta ahí la comunicación oficial.

Despidos en marcha

Un grupo de trabajadores –cuyos nombres se mantendrán en reserva– dialogó con Página Judicial sobre la precaria situación en que se encuentra, con la certeza de saberse con un destino escrito, con la incertidumbre de no tener una fecha cierta y bajo un absoluto desamparo sindical. Los comentarios que se escuchan en el latoso edificio de calle Laprida indican que los telegramas comenzarían a llegar en enero, pero hasta el momento no hubo novedades y los propios trabajadores admiten que no saben cuándo comenzará el cese. “Puede ser cualquier día de los próximos seis meses”, dijeron.

“En octubre tuvimos una charla con la presidenta (del STJ). Recibió a cuatro de nosotros y nos planteó que el cese de las personas que tienen trabajos temporarios es una decisión que no tiene retorno: aquellos que no cumplían cinco años cobrando como empleados judiciales quedaban en la calle al 31 de diciembre”, sostuvo una empleada de mesa de entradas de un Juzgado de Transición de Paraná.

El detalle de que no cumplieran cinco años “cobrando” no es menor. Es que la acordada del STJ no contempla a quienes cumplieron tareas como “meritorios”, es decir, en negro, sin cobrar sueldo ni obra social, que no hacen aportes jubilatorios ni están asegurados contra accidentes. Es como si no hubiera ninguna constancia de su trabajo. Entre los cesanteados hay empleados que superarían los cinco años en funciones si se contabilizara el tiempo como “meritorios”, pero no cumplen cinco años “cobrando”.

“A su vez, quienes tienen más de cinco años tampoco quedan con estabilidad plena, es decir, ahora vienen por nosotros y después irán por ellos”, acotó la trabajadora.

Otra empleada admitió que el ingreso de este grupo, los temporarios, “no fue de la manera que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el concurso, pero esas eran las condiciones que planteaba el STJ en ese momento, y no había concursos todavía”. Sin embargo, otra trabajadora de tribunales consideró que “ese tampoco debería ser un argumento válido, porque quienes tienen más de cinco años como temporarios también pudieron rendir concursos, y lo mismo la gente del interior, pero a ellos no los tocan”.

De hecho, “la misma orgánica dice que los concursos tienen que ser anuales, y eso nunca sucedió”, remarcó una de ellas. “Hoy somos empleados judiciales, como cualquiera, y lo que deberían hacer no es echar a 400 personas sino establecer que, en adelante, nadie ingrese si no es por concurso”, acotó.

Ese fue el criterio que desde 2010 viene adoptando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su informe anual, presentado a fines de diciembre, se menciona “la efectivización del personal que revestía como contratado en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, y que cumpliera con el requisito de presentar cinco años o más en tal condición en su cargo”, algo que está “motivado en la política de mejoramiento de las condiciones objetivas de trabajo del personal judicial”.

El STJ, en cambio, decidió cesantear a quienes cumplían menos de cinco años, y ni siquiera está claro cómo se estableció el tiempo para el corte. En un momento se planteó que fueran tres años, después de dijo cuatro y finalmente se dispuso que fueran cinco.

Desamparo gremial

Un relevamiento de la planta de organismos jurisdiccionales y administrativos, expuesto por la presidenta del STJ ante la Comisión de Personal, “habla de un Poder Judicial que en los últimos años ha crecido considerablemente, sin que la planta de personal y el crédito correspondiente a temporarios haya acompañado ese proceso de manera concomitante”.

Entonces, si se admite una faltante de personal, cómo se entiende el despido de unos 400 trabajadores, que representan casi el 20% del total de empleados que tiene el Poder Judicial, pero apenas el 12% del total de trabajadores temporarios que contempla el Presupuesto 2015 para toda la administración pública provincial.

En aquella reunión de la Comisión de Personal celebrada en septiembre del año pasado se plantearon estos problemas de los que hablan los empleados: “Desde el 2009 a esta parte, se dictaron solo dos leyes de cargos que, en conjunto, no superaban los 200 cargos. Los requerimientos de recursos humanos, más la falta de celebración de concursos cerrados y abiertos, generó un aumento considerable de personal temporario, encontrándonos a inicio de la gestión con un número cercano a los 600”, consta en el acta.

Ante ese escenario, el vocal Castrillón consultó la opinión del secretario general de AJER, presente en la reunión, para buscar una solución “entre los dos extremos que supone aplicar rigurosamente el ingreso por concurso, o disponer un pase a planta de naturaleza colectiva”. Y entonces, Florentino Agostini allanó el camino del STJ: sugirió que “debiera realizarse un corte”, reivindicó que el ingreso por concurso y sugirió el período de cinco años. Lisa y llanamente, abogó por el despido de los trabajadores temporarios.

La comisión acordó, entonces, “que la medida alcanzará a todos los que con una antigüedad establecida oportunamente (cinco años) no registren ningún cargo en planta, se trate de temporarios en sentido estricto (refuerzo), interinos o suplentes”.

Ya públicamente, en una entrevista con el programa En el dos mil también (FM Litoral), el representante de los trabajadores judiciales replicó a pie juntillas los argumentos de la comisión, justificó el despido de los trabajadores porque se encuadra en “la necesidad de cumplir con el reglamento”, detalló que “el temporario es una figura irregular” y adelantó la determinación de que no exista más la figura del temporario.

Esto último, sin embargo, parece alejado de las intenciones del STJ, si se tiene en cuenta que la Comisión de Personal, en aquella reunión de la que participó Agostini, consideró necesario “llevar adelante gestiones en orden a concretar la asignación de una partida presupuestaria para el personal temporario, que resulte suficiente tanto para los que actualmente se desempeñan y se mantendrán eventualmente dentro de la estructura –con derecho a permanencia– como a los nuevos requerimientos del Poder Judicial”.

Ante ese panorama, sin amparo del gremio y con su suerte echada, los trabajadores se cobijaron en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y desde allí analizan las estrategias para resistir. “Ellos nos abrieron la puerta”, dijo una trabajadora. “Nuestro gremio, el que tenía que habernos defendido, nos vendió; prefirió cuidarle el bolsillo a la patronal”, sentenció sin ambages.

Fuente: Página Judicial

El STJ puso un freno, pero habrá despidos graduales durante 2015 en el Poder Judicial

La Multisectorial realizará una protesta contra "los acueductos y el endeudamiento". Participan entidades paceñas

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Este lunes se realizó una reunión de la Multisectorial con motivo de analizar los pasos a seguir frente al inminente tratamiento del proyecto de ley para autorizar al gobierno entrerriano a endeudarse y contratar sin licitación a una empresa constructora de China para realizar obras por 430 millones de dólares en la provincia de Entre Ríos. Desde la Multisectorial enviaron un comunicado a LT 40, indicando que "ante el acto violatorio por la falta de publicidad de los actos de gobierno, que la convierte en un instrumento de dudosa constitucionalidad, dejando amplios márgenes para actos eventuales de corrupción, reclamamos: el freno inmediato del tratamiento legislativo del proyecto y la más amplia información y transparencia de los actos de gobierno". Las diferentes entidades que adhieren al reclamo se movilizarán este martes en Paraná para expresar su desacuerdo con el proyecto de ley, en la sesión de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo a partir de las 20. 

Se invita a toda la poblacion en general de La Paz y zona a participar de la seción de Diputados el martes a las 20 hs. para viajar nos concentramos en a YPF del arco de acceso de La Paz a las 17:30 hs.

Asimismo, pidieron "las consultas necesarias a organismos públicos y no gubernamentales, antes de avanzar en acuerdos secretos que comprometen el futuro de todos los entrerrianos. Nada que sea bueno puede ser secreto".


Texto completo del documento

El mencionado proyecto autoriza al Poder Ejecutivo

• A celebrar un contrato de manera directa y sin licitación con una corporación china (violando la Ley de Obras Públicas), sin conocerse ningún detalle de la obra (art. 1º), y a
• A endeudar a nuestra provincia por más de 430 millones de dólares más intereses, con bancos y aseguradoras chinas, según condiciones que pueden ser modificadas de manera unilateral por la entidad concedente (art. 2º y anexo I del proyecto).
• Faculta al Poder Ejecutivo (art. 3º) a garantizar el cumplimiento del crédito con los fondos que recibe la provincia de la Coparticipación Federal de Impuestos (principal fuente de financiamiento del Estado entrerriano), y
• Se compromete a aprobar en un plazo máximo de seis meses la creación de nuevos tributos que recaerán sobre los contribuyentes con el fin de pagar el crédito y sus intereses (art. 5º).
• Se creará una Unidad Ejecutora, que se constituirá y funcionará según lo disponga el Poder Ejecutivo (art. 4º). Será la que definirá sobre el uso de los fondos y el destino que tendrán, de manera directa y sin trámite de licitación.
• Se renuncia a nuestra soberanía aceptando de manera servil la aplicación de la legislación inglesa en el caso de que se susciten controversias futuras (Anexo I).

Si bien consideramos la utilidad y necesidad del riego para el uso productivo, con el arraigo de los pequeños y medianos productores, como también el papel de nuestros organismos científicos y académicos provinciales y nacionales para evaluar, proyectar y analizar posibles riesgos del mega-emprendimiento presente; del texto del proyecto no surgen garantías ni indicios de los efectos favorables de esa obra, menos aún que sus eventuales beneficios puedan llegar a los pequeños productores entrerrianos ni mejorar las producciones agrícolas o incrementar la superficie cultivada.
No ha sido posible acceder a la información detallada de las obras ni del acuerdo celebrado con China que se propone aprobar, encontrando solo silencio y secretismo ante legítimos requerimientos a las autoridades competentes.

Hay una falta inexplicable de estudios económicos y financieros que avalen la obra. No existen estudios de impacto ambiental, que consideren las importantes consecuencias que generaría un fuerte cambio de la matriz productiva en la zona. Por otro lado, los costos iniciales previstos por el PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Pciales.) para una obra similar eran de 92 millones de dólares, y ahora cuadruplican sin justificación.

El Proyecto de Ley se inscribe dentro del Convenio Marco firmado por nuestro país con China en Julio del 2014 y que con un furtivo debate dio media sanción el Senado Nacional. Este convenio significa comprometer el futuro nacional transformándonos en una dependencia colonial. A cambio de financiamiento (y dentro de ello el refuerzo urgente de las reservas de divisas) se otorga condiciones excepcionales a las empresas chinas en la energía, la industria, la minería y las obras de infraestructura (incluso la posibilidad de directamente importar mano de obra china e importar insumos sin aranceles).

Ante el acto violatorio por la falta de publicidad de los actos de gobierno, que la convierte en un instrumento de dudosa constitucionalidad, dejando amplios márgenes para actos eventuales de corrupción, reclamamos:

• El freno inmediato del tratamiento legislativo del proyecto,
• La más amplia información y transparencia de los actos de gobierno,
• La convocatoria a los múltiples sectores involucrados en las obras planteadas,
• Las consultas necesarias a organismos públicos y no gubernamentales, antes de avanzar en acuerdos secretos que comprometen el futuro de todos los entrerrianos. Nada que sea bueno puede ser secreto.

Los legisladores deben ser los más fieles guardianes de la Constitución y los más firmes defensores de los intereses del pueblo entrerriano.
Paraná, lunes 19 de enero de 2015.

* Firman el documento las siguientes personas y organizaciones:

- Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, carrera de Comunicación Social, UNER.
- FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA – ENTRE RÍOS.
- COLEGIO DE ABOGADOS, Sección Paraná.
- ASOCIACIÓN GREMIAL DEL MAGISTERIO DE ENTRE RÍOS, Sec. Paraná.
- CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE ENTRE RÍOS.
- CHACAREROS FEDERADOS – FAA.
- ASAMBLEA “MÁS RÍOS, MENOS TERMAS”.
- FUNDACIÓN M’BIGUÁ.
- JAPL – JUNTA ABYA YALA POR LOS PUEBLOS LIBRES.
- ASOCIACIÓN CIVIL “PARANÁ, Ciudad Inteligente”.
- CEMUPRO – Centro de Estudios Municipales y Provinciales de ER.
- Centro de Estudios “Germán A. Lallemant”.
- FUNDER – Fundación para el Desarrollo de Entre Ríos Gdor. Urganga.
- Fundación PENSAR ENTRE RÍOS.
- Abogados PRO de Entre Ríos.
- Proyecto SUR de Entre Ríos.
- Partido del Trabajo y el Pueblo PTP – PCR Entre Ríos.
- Partido Socialista Auténtico de ER.
- Partido Socialista de Entre Ríos.
- Corriente Socialismo Popular en el Partido Socialista de ER.
- Alejandra Gervasoni – Secretaria de Jubilados por minoría Rojo y Negro Agmer central.
- Guillermo Luciano – FUNDAVIDA.
- Mauricio Castaldo – Secretario Formación AGMER María Grande y editor del Foro Artiguista Entrerriano.
- Ing. Agrónomo Alberto Kipen.
- Sociedad Rural Argentina La Paz.
- Federación Agraria Filial La Paz.
- Centro Comercial la Paz.
- Asociación de Promoción Económica Regional La Paz.
- Cooperativa Agropecuaria La Paz Ltda.
- Asociación de Pequeños Productores del Centro Norte de Entre Ríos (APROCENER)
- Partido Unión Cívica Radical La Paz.
- PRO La Paz.
- Unión por la Libertad.
- Partido del Trabajo y del Pueblo La Paz

La Multisectorial realizará una protesta contra

Acueductos ¿Otra gran estafa al pueblo entrerriano?

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  En un proceso de velocidad y ocultamiento sorprendentes, el gobierno provincial intenta sancionar una ley que le permitirá endeudar a nuestra provincia por más de 430 millones de dólares, para manejarlos luego de manera irregular y discrecional, poniendo como garantía de
ese crédito los recursos que se reciben de la coparticipación federal de impuestos.

  ¿Se tratará de un nuevo intento de una gigantesca estafa a todos los entrerrianos, similar a la que el mismo gobernador procuró realizar a comienzos de su actual gestión, cuando a los pocos días de asumir los legisladores con abrumadora mayoría oficialista les impuso otra ley que entregaba por 99 años la totalidad de las tierras fiscales (incluyendo todo el delta entrerriano) a una sociedad anónima a constituirse, con un regalo adicional de 50 millones de dólares (que la provincia tomaría de una nueva deuda a garantizar con fondos de la coparticipación federal)?.

  Casualmente, en ambos casos se justifica el intento de engaño con el argumento de lograr una mayor producción agraria en la provincia, en especial de arroz y otros productos exportables, sin ningún estudio previo que lo avale y sin considerar la evaluación del impacto ambiental de las obras propuestas.

 En qué consiste esta nueva y millonaria trampa 

Se trata de un proyecto de ley que autoriza al poder ejecutivo a endeudar a la provincia con bancos chinos por más de 430 millones de dólares más intereses, y a contratar con una corporación de ese país obras para dos acueductos, de manera directa y sin licitación.

   El crédito será garantizado con los fondos que la provincia recibe de la coparticipación federal de impuestos (con el riesgo de que se desfinancien otros gastos esenciales como la salud y la educación).

   Pero también se contempla en un plazo máximo de seis meses la creación de nuevos tributos que tendrán como destino la amortización de la deuda y el futuro pago de los intereses que devengue la misma, lo que anticipa una mayor presión tributaria sobre los contribuyentes entrerrianos.  

En el Anexo que acompaña el proyecto figuran las posibles cláusulas y condiciones que regirían el convenio (la "Hoja de condiciones"), que pueden ser modificadas de manera unilateral por el ICBC (Banco Chino de Industria y Comercio), y que incluyen un interés anual del 4,5% más la tasa Libor, siendo la legislación de Inglaterra la ley aplicable en caso de diferencias que puedan surgir. El plazo que fija la constructora china para mantener su oferta es que se acepte el crédito antes del día 28 de febrero de 2015.
 

Estas disposiciones implican de manera resumida que se pretende endeudar al Estado provincial por una suma multimillonaria, y con cuyo monto el Poder Ejecutivo hará la contratación directa de la obra de los dos acueductos, omitiendo el proceso licitatorio obligado que establece la Ley de Obra Pública.

  Pero además no se brinda información respecto de los detalles de las obras a construir, habiendo negado su acceso ante el pedido de los propios productores de la zona y de reiteradas presentaciones de una organización ambiental. También se menciona en los fundamentos del
proyecto la firma de un Memorandum de Entendimiento que el Ejecutivo provincial acordó con la corporación china en enero del 2014, pero tampoco se conocen los términos del mismo.

  Esto significa que a ojos cerrados se autoriza tomar deuda a la provincia por más de 430 millones de dólares más intereses, sin tener la mínima información respecto de la aplicación de tales fondos. Sólo se tiene la certeza de que los mismos serán administrados de manera irregular, sin convocatoria a licitación, por el propio Ejecutivo.

  Pero aunque a la sociedad entrerriana se le niega el derecho a conocer los términos del acuerdo, y no pueda tener la garantía del uso adecuado de esos fondos, sí queda obligada a pagar el crédito que se  tome (amortización e intereses) para lo cual se pone como garantía de ese pago los recursos que provengan de la coparticipación federal de impuestos (que es la principal fuente de financiación del tesoro provincial). Y adicionalmente, deberá pagar también con nuevos tributos que impondrá el Ejecutivo, y que según el articulado los creará en un plazo de seis meses.

  Agravando lo ya comentado respecto de esta potencial estafa a los intereses de nuestra provincia, se acepta renunciar implícitamente a nuestra soberanía aceptando de manera repudiable la legislación inglesa, poniendo a la provincia como un mero sujeto privado que deberá dirimir cualquier diferencia que surja en el marco de las leyes del imperio británico.

  Los argumentos oficiales a favor de la operación

  Como se mencionara antes, las razones oficiales esgrimidas para solicitar la aprobación del proyecto de ley se basan en supuestos beneficios para las producciones del agro entrerriano, el impacto favorable para mejorar la situación económica de la zona, la ampliación de la superficie cultivada, la prevista suba de un 10% de la producción agraria provincial, etc. Se llega a afirmar, incluso, que será tan rentable la obra a realizar, que permitirá que "recuperemos la inversión, como mínimo al mismo ritmo que vamos pagando los servicios del crédito tomado" (lo que se contradice con el texto de la norma, que anticipa la creación de nuevos tributos para la futura cancelación del crédito).

 Sin embargo, del texto del proyecto no surge ningún indicio de que esas afirmaciones tengan sustento o se basen en estudios serios sobre la viabilidad económica y financiera, los costos y rentabilidad de las potenciales producciones, ni mucho menos de los posibles beneficiarios
en el caso de la realización de las obras.

 Lo que no se conoce y se oculta
  Es inexplicable que no conste ni en el proyecto ni como información adicional, detalles de los dos acueductos que se proponen construir, como tampoco se da información del contrato que se pide aprobar con las empresas chinas. Además, si lo que dice explícitamente el texto del articulado ya constituye un grave hecho que implica violaciones a leyes vigentes y un preocupante apartamiento de principios republicanos básicos (publicidad de los actos de gobierno), ¿cómo serán las cláusulas y disposiciones que se buscan imponer a través del ocultamiento de lo que no se conoce?.

 Respecto de los potenciales beneficiados por la obra, no hay estudios ni información que anticipe de qué manera pueden llegar a recibir mejoras en su situación los pequeños productores de la zona, o
por qué mecanismos se logrará un aumento sustancial de la producción agraria. En todo caso, son muchas las dudas acerca de la sustentabilidad económica de las producciones, ya que en algunos casos se dependerá del riego que se ofrecería a cambio del pago del servicio, que seguramente se establecerá según los costos del funcionamiento del sistema de riego, que según se anticipa sería
intensivo en el uso de energía. En este caso se requiere un análisis serio y profundo de los futuros escenarios de colapso energético ligados al agotamiento gradual e inexorable de los combustibles
fósiles, que llevará en un plazo relativamente corto a un encarecimiento excepcional e irreversible de los mismos.

 Una reflexión adicional requiere lo relativo al impacto ambiental que producirá la obra, estudio que no existe a la fecha (al no existir detalles de los acueductos, de las zonas precisas donde se
construirán, del territorio que se destinará a producir y del estado actual del mismo). ¿Se piensan realizar nuevos desmontes? ¿No se agravará el grave y conocido problema de la erosión de la tierra?  ¿Se trabajará en nuevos suelos donde no hay garantía de su capacidad para sostener otras producciones?

 Estas son algunas de las muchas dudas que surgen de la cuestionable actitud del gobierno provincial, que sin consultar a los productores involucrados ni a organizaciones con diversos conocimientos que pueden enriquecer el necesario análisis previo, no duda en impulsar una ley
que endeudará a los entrerrianos por más de 430 millones de dólares más los intereses.

 ¿Qué motivos lo llevan a negar la información a los interesados y violar la indispensable publicidad de los actos de gobierno?

  ¿Qué razones justifican dar tanta rapidez al tratamiento legislativo, sin posibilidades de un debate serio y de estudios previos imprescindibles para decidir?

  ¿Qué intenciones se ocultan para no convocar de manera amplia a todos los sectores que pueden y deben aportar a un proyecto de semejantes características?

  Por las razones expuestas, desde nuestro Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" de la carrera de Comunicación Social de la UNER hacemos un llamado urgente a la responsabilidad de los legisladores, para que no avalen con su votoeste oscuro proyecto que con su texto abre el camino a posibles estafas a los intereses de toda la sociedad.

  Asimismo, convocamos a la comunidad y sus múltiples expresiones (medios, entidades, organizaciones, partidos, movimientos, gremios, etc) a movilizarse, exigir el freno del proyecto, informarse, y evitar con su activa participación que se consumen actos lesivos para todos
los entrerrianos.

Luis Lafferriere

Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable"

Paraná, 18 de enero de 2015.-

Acueductos ¿Otra gran estafa al pueblo entrerriano?

Acueducto La Paz-Estacas: reunión de productores y denuncia de ambientalistas

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El lunes 19 a las 20 hs en el salón de la Cooperativa Agropecuaria se realizará una asamblea autoconvocada de productores y toda la ciudadanía en general para tratar el tema del Acueducto La Paz Estacas.

ES IMPORTANTE SU PRESENCIA.

 

Mbiguá denuncia la ilegalidad del proyecto y exige que se termine con el secretismo

Dos días antes de que la iniciativa del Gobierno provincial sea tratada en la Cámara de Diputados, la organización ambientalista advierte sobre la falta de transparencia del proceso y la carencia total de estudios de impacto ambiental que invalidan la constitucionalidad del proyecto, dice una nota enviada a DIARIOJUNIO. Como se sabe, se trata de un mega proyecto que resolvería el problema por la falta de riego en una amplia zona productiva.

 Este martes los diputados entrerrianos intentarán tratar sobre tablas el polémico proyecto que en sesión express aprobó el senado el pasado 29 de diciembre. Concretamente la iniciativa propone "autorizar al Poder Ejecutivo a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas y Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico".

El texto habilita la posibilidad de realizar las operaciones de crédito por hasta la suma de USD 430.387.551, con más los intereses necesarios para financiar la construcción de las obras mencionadas, con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China.

La Fundación Mbiguá Ciudanía y Justicia Ambiental ya había alertado sobre la falta de transparencia e información acerca del proyecto en el cual no están claros, ni siquiera, los beneficiarios, aunque se trata del mayor endeudamiento en el que se embarcaría el gobierno provincial.

 "La transparencia de los actos de gobierno es uno de los pilares esenciales de la democracia. La Constitución Provincial es más que clara en por lo menos diez de sus artículos[1]. Cómo vamos a conversar, debatir y soñar una provincia, si no sabemos como sociedad qué se quiere hacer con la tierra y sus aguas, simplemente porque los proyectos de acueductos y sus estudios completos, no son accesibles o disponibles al público", señaló Jorge Daneri, abogado y miembro de la fundación.

 En ese sentido, Daneri expresó que "se nos niega formalmente acceder al conocimiento de dos instrumentos relevantes: lo firmado con el Estado Chino y sus corporaciones, previo al proyecto de Ley que autoriza la construcción de los dos acueductos en el Norte de la Provincia y los estudios de impacto ambiental que deban existir para poder habilitar la firma de un contrato de semejante escala financiera y obra a ejecutar".

 El especialista explicó, en esa dirección, que los estudios de impacto ambiental son legalmente exigibles y necesariamente públicos, "porque deben ser evaluados por la autoridad ambiental competente conforme el Decreto (PEP) 4977/09, del 11/12/2009. B.O.: 21/12/2009, que establece la reglamentación del proceso de Estudio de Impacto Ambiental; la Constitución de la Provincia y el sistema de la legislación de presupuestos mínimos ambientales nacional".

 En efecto, alertó Daneri, los estudios de impacto ambiental deben ser aprobados por resolución del área ambiental y decreto del Gobernador y sus ministros, por lo menos Producción y Economía.

 "Pero lo más importante es el proceso de los estudios que obligan a facilitar toda la documentación de los proyectos, acceder con total libertad y amplitud al conocimiento de los mismos, debatirlo en las audiencias públicas necesarias, recibir formalmente las observaciones e impugnaciones que se les formulen y fundar técnica y jurídicamente las respuestas a las mismas y los actos administrativos de aprobación o rechazo de los proyectos".

 Por otra parte, argumentan desde Mbiguá, si Entre Ríos quiere mantener alguna coherencia respecto a procesos anteriores como el debate ambiental frente a la instalación de Botina a la vera del río Uruguay, hay otros aspectos a tener en cuenta.

"En el escenario territorial de utilización como fuente de agua al río Uruguay para abastecer un potencial acueducto de la escala propuesta y los montos de inversión diseñados, necesita la intervención de la Comisión Administradora de Salto Grande y Comisión Administradora del Río Uruguay, al menos si Entre Ríos quiere ser coherente con lo que escribió en la demanda, alegatos y defensas frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya".

 En otro orden, Mbiguá demanda que se descorra el velo que oculta la iniciativa desde su concepción. “Muchos de los datos que hoy reclamamos y que son necesarios conocer para tomar una decisión seria sobre la obra planteada por el ejecutivo no están en manos de nuestros legisladores, y quizás ni siquiera en el propio poder ejecutivo provincial”, señaló Diego Rodríguez, director Ejecutivo de la fundación.

 En ese sentido, Rodríguez enfatizó que “no hay ninguna explicación aún respecto del extraordinario aumento del presupuesto de la obra de 92 a 450 millones de dólares y mucho menos de cuál es la razón por la cual se toma un crédito a una tasa de 4.5 mas libor con un interés punitorio del 2% anual cuando el propio BID otorga a Paraguay créditos para infraestructura al 0,25%” [2].



Acueducto La Paz-Estacas: reunión de productores y denuncia de ambientalistas

Procesaron al ex policía Céparo por su participación en la represión ilegal

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El juez Leandro Ríos dictó el auto de procesamiento y prisión preventiva el último día hábil del año para la Justicia Federal y le imputó a Ricardo Atilio Céparo el secuestro y torturas que sufrió una mujer durante la última dictadura cívico-militar, según pudo saber Página Judicial.

El ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo fue procesado con prisión preventiva, acusado de integrar una patota policial que realizaba secuestros y torturas de militantes sociales durante la última dictadura cívico-militar.

Según pudo saber Página Judicial, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dictó el auto de procesamiento el 30 de diciembre pasado, el último día hábil antes de la feria judicial, y acusó a Céparo por los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales e imposición de torturas por hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 1976.

Hasta el momento la medida no ha sido recurrida por los defensores de Céparo, Nora Lanfranqui y Boris Cohen, aunque los plazos para presentar la apelación comenzarán a correr a partir del 2 de febrero, cuando se retomen las actividades normales en la Justicia Federal. Mientras tanto, el ex oficial auxiliar de la Policía oriundo de Strobel, departamento Diamante, permanece detenido en la cárcel de Paraná.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un hombre y una mujer que dicen haber sido secuestrados por una patota de la Policía de Entre Ríos en agosto de 1976. Según su relato, permanecieron ilegalmente detenidos en la Comisaría Quinta de Paraná. El hombre estuvo la mayor parte del tiempo tabicado y apartado del resto de los detenidos, pero la mujer fue trasladada varias veces hasta la Jefatura Central de Policía y sometida a violentos interrogatorios en el Área de Sanidad.

La mujer reconoce a Céparo como la persona que hacía los traslados desde la comisaría hasta la jefatura central –por haber escuchado que se identificaba con su nombre en la guardia de la sede policial–; aunque también asegura que participaba de los interrogatorios bajo tortura.

Después de cuatro meses, ambos fueron liberados. En ningún momento estuvieron a disposición de ningún juez, pero tampoco de las autoridades militares.

De policía a chofer de jueces

Ricardo Atilio Céparo, de 66 años, es suegro de Emilio Castrillón, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y hasta su detención se desempeñaba como chofer del alto cuerpo. Natalia, una de las hijas del ex policía, está casada con el magistrado; y Betiana, otra de las hijas, fue designada en 2013 como jueza de Familia y Menores de Feliciano.

Cépero era oficial auxiliar de la Policía de Entre Ríos y quedó cesante a partir del 24 de julio de 1981, tras un sumario administrativo en el que fue acusado de haber cobrado indebidamente multas en nombre del Estado. Luego fue chofer de una cochería de servicios fúnebres de La Paz. En el año 2003 presentó un recurso de gracia pidiendo su reincorporación al cuadro de oficiales de la Policía. En ese momento invocó “la difícil situación económica que atraviesa” y dijo que el sumario había sido “arbitrario y viciado de nulidades”. El gobierno que entonces encabezaba Sergio Montiel le rechazó el recurso en noviembre de 2003 y la medida fue confirmada en abril de 2005 por el gobernador Jorge Busti y su ministro Sergio Urribarri.

Al momento de su detención, Céparo se desempeñaba como chofer del STJ. A partir de que la noticia tomara estado público, el alto cuerpo remitió una nota al juez federal pidiendo un informe sobre la situación del ex policía, ahora procesado. Según indicaron desde la justicia provincial, esperan tener una respuesta después de la feria.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Procesaron al ex policía Céparo por su participación en la represión ilegal

Estiman que el río Paraná no llegará a niveles de evacuación

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Las previsiones de lluvias elaboradas por distintos centros meteorológicos de referencia durante los últimos dos días, si bien muestran precipitaciones durante casi toda la semana en las cuencas altas que alimentan al río Paraná, sus montos no tienen un acumulado significativo. Ayer, el puerto local la altura del río llegaba a los 4,06 metros, en creciente, cuando el nivel normal ronda entre los 3,85 y 4 metros. No obstante, desde la sede local de Prefectura indicaron que el alerta se declara a partir de los 4,70 metros y la evacuación se inicia cuando el nivel llega a los 5 metros de altura.El Oficial Principal de Prefectura, Damián Loza, confirmó que se observa un crecimiento escalas más arriba, como consecuencia de las intensas lluvias que se registran en las cuencas altas, ocasionando la creciente del río Paraná.

“A raíz de estas observaciones, efectuadas por el Instituto Nacional del Agua, estamos reforzando los patrullajes y controles debido a la gran afluencia de embarcaciones que se observan por estos días”, señaló.

El prefecto admitió que desconocen cuánto más podrá crecer el río, aunque, viendo las escalas en La Paz, está creciendo. Agregó que la actividad de la represa Ituzaingó, en Corrientes, también será determinante por el caudal que pueda ir largando en los próximos días.

“De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional del Agua, estamos teniendo la altura que habían estimado semanas atrás y los estimado es que no será necesario declarar alerta ni evacuación”, advirtió Loza en declaraciones a El Diario.

En las últimas semanas la presencia de camalotes en el río Paraná fue el indicio más claro de una inminente crecida del nivel del agua.

Estiman que el río Paraná no llegará a niveles de evacuación

Varias localidades superaron los índices de precipitaciones acumuladas en enero

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En la primera mitad del mes, localidades como Viale, Crespo, Tabossi y Hasenkamp, superaron ampliamente la cantidad de agua acumulada respecto al mismo periodo del año anterior. En algunos lugares estuvieron al borde de la inundación. Tal es el caso de Viale, donde las lluvias alcanzaron los 100 milímetros, provocaron el desborde del arroyo Teodoro Ríos y por ende, que se tuviera que cortar el ingreso a la ciudad por la Ruta Nacional 18 ya que el agua pasaba por encima de la cinta asfáltica.Al respecto, el intendente Estelio Urchueguia, dijo que “por el momento está todo controlado, no hay evacuados ni viviendas inundadas, el agua corre dentro de los carriles normales”. 

“Fue solo por seguridad que hoy se cortó el ingreso para vehículos bajos por la Avenida Presidente Perón”, acotó en diálogo con Micrófono Digital.

Según los registros, el agua acumulada en esa localidad en lo que va del año, es de aproximadamente 350 milímetros, superando ampliamente la cantidad en el año anterior para estas fechas.

En tanto, en Crespo cayeron 60 milímetros de agua hasta las 20 de este martes. En estos primeros 13 días del mes de enero, se registran 180 milímetros de lluvia, habiéndose superado los 105 milímetros de lluvia que se tuvo en Crespo en enero del año pasado.

En Tabossi, “se estuvo al borde de la inundación”, así lo confirmó el intendente Néstor Landra. Este martes cayeron 90 milímetros de agua en pocas horas, lo que hace un total de 300 milímetros en tres días. “Eran las 10 de la mañana y estábamos al borde de la inundación, las calles estaban de borde a borde, pero por suerte, la lluvia disminuyó notablemente y comenzó a bajar el nivel; no hubo ninguna familia inundad”, remarcó el Jefe comunal.

En Hasenkamp llovieron 80 milímetros en menos de dos horas. “La situación se complicó bastante porque a mucha gente le entró agua en las viviendas, por los techos y las cloacas; repartimos bolsas de arena para frenar un poco y gracias a Dios logramos con toda la gente controlar el avance de las aguas”, repasó el intendente Juan Carlos Kloss. “Los desagües trabajaron a full pero no dieron a basto, llovió mucho en poco tiempo a media mañana”, acotó. “Por suerte, cerca de las 11 dejó de llover con la intensidad que lo venía haciendo y el agua comenzó a bajar; no hubo inundados pero tuvimos al borde. Hace muchos años que no vivíamos esta situación así en el pueblo”, advirtió Kloss.

En María Grande la lluvia de este martes fue de unos 60 milímetros y no se registraron problemas en la ciudad, publicó El Once.

Varias localidades superaron los índices de precipitaciones acumuladas en enero

Postergaron la inauguración de la sede del Banco Nación en Viale

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l acto de apertura de la sucursal Viale del Banco Nación se postergó ante la acción gremial que iban a realizar los productores nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA). Los ruralistas pretendían entregar un petitorio solicitando explicaciones a las autoridades de la entidad pública por la decisión política de frenar el crédito para el sector, informó el director de FAA Entre Ríos, Elvio Guia.Las autoridades del Banco Nación definieron suspender la inauguración que se iba a realizar este viernes al no poder “explicar por qué están tomando estas medida contra los productores agropecuarios”, dijo Guia a AIM.

Asimismo, aclaró que la acción gremial “iba a ser pacífica como fueron todas las protestas que lleva adelante la organización, ya que la idea era aprovechar la presencia de las autoridades nacionales para que den una explicación del porqué de la persecución política que hay hacia los productores agropecuarias, en especial a quienes tienen soja”.

En ese sentido, remarcó que el aplazamiento de la actividad “es lamentable, porque necesitábamos esa charla para dejar nuestro punto de vista y hacerle saber a estos funcionarios que la suspensión de créditos afecta a los pequeños y medianos productores y a los pequeños y medianos pueblos del interior, que son quienes viven prácticamente de la actividad agrícola ganadera”.

Para Guia, el gobierno y las autoridades del Banco Nación “siguen errando una tras otra ya que hay problemas que se podrían solucionar y ellos prefieren dejarlos de lado”, aunque aclaró que seguirán intentando que las autoridades del banco los atiendan y expliquen “por qué decidieron realizar esta persecución política a los pequeños y medianos productores a quienes arrojan fuera del sistema crediticio”.

En ese marco, el productor recordó que el año pasado se dialogó con autoridades del Banco Nación tanto de Paraná como de Villaguay a quienes se le entregó un petitorio para reclamar créditos, que se deje de utilizar la entidad como una herramienta de persecución política, que se actualicen los montos y que se abra el financiamiento para a quienes cosechan soja.

Ante ese escenario, el director apuntó que no quieren “llegar a la protesta directa, es decir, ir un día hábil a hacer un escrache en la puerta de alguna sucursal del Banco Nación para denunciar que no nos están atendiendo y que en vez de dar créditos para fomentar la producción argentina persiguen a los pequeños y medianos productores, pero la falta de diálogo cierra cada vez más puertas y no deja muchos caminos posibles”.

Postergaron la inauguración de la sede del Banco Nación en Viale

Los policías que encabezaron protestas en Entre Ríos podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel

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Pasó un año desde la “sedición policial” y la suerte de los efectivos que participaron del acuartelamiento en Concordia está a un paso del juicio oral y público. Una vez que pase la feria, el juez de Garantías Ives Bastián deberá fijar la fecha para el debate por los hechos que posibilitaron los saqueos en cientos de comercios y disturbios que terminaron con tres personas muertas. En principio, habrá 18 oficiales sentados en el banquillo y acusados por los delitos de sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionarios públicos e instigación. Para los delitos que enfrentan los policías, el Código Penal prevé penas de hasta 20 años de prisión, aunque en el debate deberá establecerse el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados.El mes pasado, en una audiencia donde se resolvió sobre la continuidad de la prisión preventiva de los policías, el procurador general de la provincia, Jorge García, se había quejado de que los defensores de los policías pretendían “dilatar los términos y evitar que se eleve la causa a juicio”.

Lo cierto es que la causa ya fue elevada a juicio y está en manos del juez Bastián fijar la fecha para el inicio del debate oral y público.

Otra circunstancia que podría acontecer es que algunos pidan acogerse al instituto del juicio abreviado, es decir, que admitan su responsabilidad y acuerden una pena con el fiscal. Esta posibilidad ya se había barajado deslizada unos meses atrás, aunque finalmente no prosperó. Ahora podrían retomarse las negociaciones.

“No hay problema con algunos que tuvieron una participación menor en los hechos, con ellos podría acordarse un juicio abreviado; no así con aquellos que ingresaron en forma violenta a la Jefatura Departamental, golpearon a los funcionarios que estaban allí y rompieron la radio y otros elementos”, admitió una alta fuente judicial ante la consulta de El Diario.

Por el alzamiento policial se encuentran imputados 18 policías: Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra (excarcelado), José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Luis Alberto Gómez, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutinho, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Horacio Imaz y Carlos Daniel Zaragoza (detenido en la unidad penal). Estos son los que serán enjuiciados.

Pero “la investigación no está cerrada”, según ha dicho el fiscal Mario Guerrero, dejando entrever que otros policías podrían ser imputados en el futuro.

Los efectivos están acusados por los desmanes producidos durante los días 8 y 9 diciembre de 2013, luego de que las fuerzas de seguridad de Concordia decidieran acuartelarse como método de protesta para el supuesto reclamo de un aumento salarial. Guerrero ha insistido en que los uniformados “no están presos por un reclamo salarial”, sino que se los imputa por “haber tomado la Jefatura Departamental (de Policía) y porque dejaron a la ciudad con una inseguridad total”.

Según el fiscal, los acusados “tenían una planificación previa” para tomar la sede policial, es decir, la irrupción en la Jefatura Departamental “no fue casual, sino que estaba organizada y (los efectivos) actuaron en consecuencia”.

Guerrero explicó que de los elementos recogidos durante la investigación surge que “los saqueos en Concordia comenzaron antes de la toma de la Jefatura Departamental de Policía”, el domingo 8 de diciembre, lo que abonaría la hipótesis de que pudo haber una connivencia entre quienes produjeron los actos vandálicos y los policías.

Los policías están imputados por los hechos ocurridos a partir del 8 de diciembre de 2013, después de que irrumpieran en la Jefatura Departamental de Concordia. Para algunos se trató de un “reclamo gremial” y para otros de “acto de sedición” que se extendió hasta el día siguiente. Lo cierto es que en los días que duró la rebelión policial murieron tres personas y una gran cantidad de comercios de la ciudad fueron literalmente saqueados.

Los policías que encabezaron protestas en Entre Ríos podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel

Defensa del Consumidor de la provincia recibió en el año 1200 denuncias

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En el 2014, 1200 ciudadanos realizaron denuncias en Defensa del Consumidor de Entre Ríos, informó el titular del organismo, Juan Carlos Albornoz. Las principales presentaciones están vinculadas a telefonía. La dirección también hizo controles de precios y trabajó para que se cumpla la Ley 10236, que establece un máximo en el tiempo de espera para la atención al público.En el 2014 “hubo 1200 expedientes de denuncias, es decir, la gente está tomando conciencia de la importancia del organismo y se está empoderando”, dijo el funcionario a AIM, quien explicó que “el 80 por ciento de las audiencias de conciliación fueron satisfactorias y el 20 por ciento restante está en etapa de sumario donde se analiza si le corresponde alguna sanción a las empresas que vulneraron los derechos de los usuarios”.

Las principales presentaciones que se realizaron están vinculadas a telefonía, detalló Albornoz, aunque apuntó que “también hubo variables de todo tipo ya que hubo cuestiones que son constantes y otras que surgen a partir de determinadas promociones como son los planes de autos”.

Además, indicó que Defensa del Consumidor realizó en este año “los controles habituales que van desde el seguimiento de los precios cuidados y de la canasta navideña hasta las inspecciones en entidades de atención al público en cuanto al tiempo de espera y los sanitarios públicos”. Al respecto precisó que “hay instituciones bancarias donde se realizaron las actas que hoy están en período de sumario donde se determinará si les corresponde sanciones cuando violaron la Ley provincial 10.236, que establece como práctica abusiva a la espera por más de 30 minutos en lugares para efectuar pagos o cobros, o no”.

Controles de verano

Por otro lado, el director adelantó que desde enero “habrá controles de exhibición de precios en hoteles y restaurantes, fundamentalmente, en la zona turística de la provincia”, ya que indicó que la idea es que quienes visitan Entre Ríos “dispongan de la información necesaria y veraz sobre cuánto cuesta consumir u hospedarse en algún lugar”.

Defensa del Consumidor de la provincia recibió en el año 1200 denuncias

Ambientalistas exigen información sobre los proyectos termales en la provincia

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Activistas ambientales pertenecientes a la asamblea “Más Ríos, Menos Termas” reclaman información acerca de los complejos termales que se planifica desarrollar en territorio entrerriano. Piden conocer los expedientes de las termas de Federal, Diamante y La Paz y también quieren tener acceso al proyecto para construir un parque acuático en Paraná. Denuncian “falta de control y seriedad” por parte del Ente Regulador del Recurso Termal de Entre Ríos y de la Secretaría de Ambiente. 
La vocera de la asamblea “Más Ríos, Menos Termas”, Jésica Musuruana, presentará en enero una nota dirigida al titular de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Fernando Raffo, donde exige tener acceso al plan para instalar un complejo termal en Federal. En la misiva pide también conocer los proyectos termales de Diamante y La Paz. 

En el documento Musuruana expresa su preocupación por el avance del trámite en Federal, donde ya se presentó la documentación para que se habilite el desmonte y la perforación. La asamblea viene advirtiendo que, en caso de que el proyecto prospere, esta terma será de una alta salinidad. 

La vocera también reclama conocer el estudio de impacto ambiental de las termas de La Paz, las cuales funcionan hace 11 años. En rigor, la asamblea pone en duda de que este análisis efectivamente exista, ya que el expediente contiene un único folio donde, con fecha de 2012, se solicita la realización del estudio. En cambio, no hay ningún dato acerca de los resultados del mismo. Por esa razón la asamblea considera “inaceptable” que actualmente se planifique erigir una playa termal en esa localidad. 

En la nota dirigida a Raffo -a la que tuvo acceso APF- Musuruana requiere información sobre el proyecto de “Parque Recreativo, Deportivo y Acuático” que se quiere instalar en la Toma Vieja, de Paraná. Además solicita que se frenen los desmontes en esa zona y se haga cumplir la ordenanza y el decreto que la declaran área natural protegida. 

En relación al proyecto termal de Diamante, la asamblea ya ha anticipado que continuará las gestiones para evitar su habilitación, debido a que tiene “el agua termal más salada de toda la provincia, 200 gramos de sal por litro a una temperatura aproximada de 43°C”. En ese sentido, solicitará acceso al expediente para conocer el nuevo estudio de impacto ambiental, dado que el presentado previamente indicaba que el efluente termal iba a ser arrojado a arroyo La Ensenada posterior al filtrado. 

Desde su formación en 2013, la asamblea “Más Ríos, Menos Termas” denuncia la contaminación química y térmica que producen las termas, a la vez que cuestiona la “falta de control y seriedad” del Ente Regulador del Recurso Termal de Entre Ríos (Errter) y de la Secretaría de Ambiente provincial.

Ambientalistas exigen información sobre los proyectos termales en la provincia

“Los empleados estatales entrerrianos viven las fiestas de manera diferente al resto de la Argentina: sin respuestas del gobierno”

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“Los empleados estatales y el pueblo entrerriano viven las fiestas de manera diferente al resto de la Argentina”, comiza diciendo un escrito de la CTA-Gualeguaychú, que titularon “Año nuevo a la entrerriana”. “No hubo respuesta al reclamo del doble aguinaldo (bono que de esa manera llegaría a jubilados y pensionados) que se hizo desde los sectores de la oposición interna en los sindicatos estatales más fuertes de la provincia, ATE y AGMER”, dijeron en un escrito enviado a ANÁLISIS DIGITAL. Y agregaron al respecto “No hubo respuesta al pedido de recomposición salarial real de los alicaídos sueldos estatales entrerrianos”.
“No hubo una respuesta completa y masiva al reclamo de los sindicatos estatales, en cuanto a infraestructura e insumos de edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.). No hubo respuesta a una negociación salarial en serio, basada en la mayor recaudación, anunciada mediáticamente por quienes están al frente de las finanzas provinciales y ATER”, agregaron.

Seguidamente dice el escrito que “sí hubo (y hay) una exagerada publicidad de la precandidatura de nuestro gobernador a presidente, en medios capitalinos, estadios de futbol y cartelería, en diversos lugares del país con un costo millonario”.

“Mientras otros sindicatos , ya sean estatales de otras provincias o privados, reciben bonificaciones desde los 2.000 a los 8.000 pesos como bono anual, en Entre Ríos los trabajadores y el resto del pueblo entrerriano, sufren el saqueo de sus bolsillos con una reforma tributaria apoyada por sectores sindicales cercanos al gobierno urribarrista”, continúa.

La CTA autónoma departamental Gualeguaychú, a reglón seguido expresa:

“Seguiremos luchando por los derechos de los trabajadores vapuleados por este gobierno que cercena el derecho a huelga y no distribuye en la masa trabajadora los excedentes presupuestarios que tanto declama tener.
Nos oponemos a la tercerización de funciones indelegables del estado como salud y educación”.

“Tenemos por premisa la defensa irrestricta de la ley 8732 de jubilaciones de nuestra provincia”.

“No frenará nuestros reclamos, el accionar cuasi intimidatorio de este gobierno, como por ejemplo el ser constantemente vigilados por un helicóptero el día que realizamos la marcha provincial, acompañados por ONG ambientalistas y sectores sociales, como así tampoco el desgano y desmovilización de sectores sindicales, que por defender a funcionarios, olvidan a los trabajadores que representan”.

“No cejaremos ni fuera ni dentro de nuestros sindicatos, en el reclamo constante por mejores condiciones laborales y un salario digno para los trabajadores docentes y estatales entrerrianos”.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”, finaliza diciendo el escrito que firman Daniel Espino, secretario general CTA autónoma Gualeguaychú; Eugenio Jacquemain, secretario adjunto CTA autónoma Gualeguaychú, y Esteban Rivarola, secretario gremial - CTA autónoma Gualeguaychú.

“Los empleados estatales entrerrianos viven las fiestas de manera diferente al resto de la Argentina: sin respuestas del gobierno”

Recomendaron extremar las medidas de precaución al circular por rutas entrerrianas

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), recomendaron extremar las medidas de precaución al circular por las rutas y autopistas. La exhortación se produjo ante el alerta por fuertes lluvias, emitido por el Servicio Meteorológico para el sudeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires y para Córdoba, Entre Ríos, San Luis y Santa Fe. Vale destacar que en Santa Fe ya se registraron lluvias intensas sobre la Ruta Nacional 11, entre las localidades de Malabrigo y Florencia.

Ante este panorama climático, Vialidad Nacional aconseja: 

- Disminuir la velocidad máxima, de cada lugar, un 40 por ciento; 
- Aumentar la distancia de frenado con el vehículo que les antecede, de 6 segundos a 80 km/h; 
- Llevar luces bajas encendidas; 
- El uso obligatorio del cinturón de seguridad; 
- No realizar maniobras bruscas ni frenadas; 
- No utilice balizas mientras está circulando; 
- No sobrepase a otro vehículo en presencia de doble línea amarilla.

Recomendaron extremar las medidas de precaución al circular por rutas entrerrianas

Alertan por abundantes precipitaciones: fin de año llegaría pasado por agua

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe especial el cual alerta por abundantes precipitaciones para los próximos días en el norte de Entre Ríos y otras provincias. Hacia fin de semana bajaría mucho la temperatura. El área abarca además al este de Chaco, Corrientes, este de Formosa, sur de Misiones y norte de Santa Fe.
Sobre el área “prevalece una masa de aire tropical, caluroso, muy húmedo e inestable en la que se desarrollan lluvias y tormentas de variada intensidad con periodos de mejoramientos temporarios”. 
Se prevé que esta situación “se extienda hasta el jueves 1º de enero de 2015, provocando abundantes precipitaciones que pueden totalizar valores puntuales superiores a 150 milímetros en todo el periodo”, se alertó. 

Mientras tanto, en el caso de Paraná, se anuncian temperaturas que podrían llegar a los 37 grados, con mucha humedad. Durante este domingo podría haber precipitaciones, pero el martes y miércoles se mantendría la nubosidad variable. Sin embargo, el miércoles 31 de diciembre se producirían lluvias. A partir del jueves, un frente frío haría bajar notoriamente las temperaturas.

Alertan por abundantes precipitaciones: fin de año llegaría pasado por agua

Entre Ríos batió su récord en donación de órganos y tejidos

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Durante 2014 la provincia se mantuvo entre los distritos con mayor índice de donación de órganos y tejidos. En total, se contabilizaron 64 ablaciones; 41 de órganos y 23 de córneas. El fenómeno es adjudicable al alto grado de concientización de la población y el trabajo en red que se realiza en el sistema público de salud. Si bien no se trata de una competencia para superar marcas numéricas, es destacable que los entrerrianos se encuentren entre las comunidades con mayor proporción de donantes de órganos y tejidos del país. “Este año, fue superada la marca de 2008, momento en el que se realizó la mayor cantidad de donaciones (39)”, afirmó el responsable de la comunicación y la educación del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), Pablo Sors.Según informa la página web del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en el país se realizaron durante el último año 545 donaciones. Las provincias donde más ablaciones se efectuaron fueron Buenos Aires (180), Capital Federal (82), Santa Fe (69), Entre Ríos (41), Mendoza (39) y Córdoba (37). 

Desde hace años, Entre Ríos se mantiene entre las primeras provincias en cantidad de donantes y en 2014 tiene el índice proporcional más alto de Argentina con 31,3 por millón de habitantes. Le siguen Capital Federal (26,9), Mendoza (20,9), Santa Fe (20,9), San Luís (14,9) y Tucumán (12,7).

Consultado sobre las razones de este fenómeno, Sors destacó ante El Diario el esfuerzo continuo que se realiza en materia de educación y concientización tanto con la población como con el personal del sistema de salud. Aunque al principio se realizó de manera informal, la constancia de esta labor se mantiene desde hace 30 años. 

El comunicador hizo hincapié en la red extendida entre los principales hospitales de la provincia que permite una derivación de los casos más graves y una efectiva coordinación de las ablaciones. 

Sors también contó que en la última reunión entre los representantes de los diferentes distritos del país, el presidente del Incucai, Carlos Soratti, resaltó el modelo de Entre Ríos e instó a las otras provincias a llevar adelante un similar trabajo en red. 

Por otra parte, el trabajo en los establecimientos educativos de la provincia desde hace nueve años con estudiantes y docentes está rindiendo sus frutos. “El ámbito de la escuela es el ideal porque los chicos se interesan y hay un alto grado de sensibilización ya que algún chico o algún familiar puede estar necesitando un trasplante” dijo Sors. 

Casos

Las donaciones de órganos surgen de pacientes de la Terapia Intensiva con muerte encefálica. En cambio, los donantes de córneas suelen fallecer en otros servicios como la guardia o cardiología. En éste último caso, la intervención es menos compleja porque no se necesita del latido cardíaco.

El integrante del Cucaier destacó que el rol de la familia del donante es muy importante porque no sólo tiene que elaborar el dolor de perder a un ser querido sino que también comprende la necesidad de otros pacientes que están esperando un órgano. 

Los trasplantes se realizan según dos criterios. Por emergencia nacional o por pertenencia regional. Esto quiere decir que de no haber riesgo urgente por parte de algún paciente en el país, son los coterráneos de los donantes los que se benefician. 

Voluntad 

Las ablaciones se realizan por voluntad del propio donante. En caso de que no se haya manifestado expresamente en contra de la donación, la ley asume al paciente fallecido como un donante presunto. Llegada la instancia, el equipo profesional se reúne con la familia y la consultan sobre el pensamiento del potencial donante. En Argentina, existen 3 millones de personas que han dejado constancia de su voluntad de donar.

Entre Ríos batió su récord en donación de órganos y tejidos

Docentes técnicos se declararon en estado de alerta y reclamaron aumento salarial

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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) declaró el estado de alerta y renovó el reclamo por recomposición salarial para el último tramo del año e inicio de paritarias 2015. En febrero habrá asambleas. El secretario general, Hugo de Bueno, adelantó que si no hay respuestas, definirán en asambleas, posiblemente el febrero, sobre el inicio de clases.Este lunes se reunió la comisión directiva ampliada del gremio de los docentes técnicos y resolvió “declarar el estado de alerta, reiterar el pedido de recomposición salarial para lo que falta del año, la inmediata convocatoria a paritarias para discutir salarios de 2015, y cuestiones relacionadas con titularización y condiciones laborales”, precisó De Bueno. 

A su vez explicó: “Al estar en estado de alerta vamos a estar en forma permanente monitoreando y esperando una respuesta del gobierno”. 

En tanto, si no hay respuestas, “antes de que empiecen las clases vamos a tener todas las asambleas necesarias para tomar una determinación”, anticipó a APF.

Docentes técnicos se declararon en estado de alerta y reclamaron aumento salarial

Cañete: “Los traumatólogos son ingratos, desconsiderados y no dicen que el organismo les paga los aranceles más altos”

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Tras conocer la declaración del “estado de alerta” del Colegio de Traumatólogos, el presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, afirmó que este martes, el organismo abonó el 50 por ciento de las prácticas ambulatorias, y desmintió que se adeude noviembre y diciembre. “Son ingratos y desconsiderados y lo que esconden a la opinión pública, es que el organismo les paga los aranceles más altos”.
En diálogo con la agenciaAIM, Cañete denunció que el Colegio de Traumatólogos obvió decir que el Instituto le pagó este martes el 50 por ciento de las prácticas ambulatorias, y señaló que afirmar por los medios –de manera coercitiva- que Iosper les debe octubre, noviembre y diciembre, mes que aún no finalizó, “es pretender generar una desestabilización de la obra social con una falacia”.

El funcionario opinó que “la amenaza de realizar un corte de servicios los sitúa en un lugar de presión que no les cabe, porque este mismo viernes, el IOSPER les pagó, pero además, no se les debe noviembre y menos diciembre, que no terminó”.

“Lo que no dicen los traumatólogos es que el Instituto les paga los aranceles más caros, y hace un esfuerzo para cumplir como lo viene haciendo. Lo que han hecho con esta falacia es tratar de desestabilizar al organismo que, en definitiva, es el que les paga. Una vergüenza, porque buscan privilegiar sus propios intereses por encima de los afiliados”.

Sin embargo aclaró que “no deseamos conflictos y entendemos que para ello debe haber ecuanimidad, pero vamos a observar cuál es la actitud que asumirán estos prestadores, en función de las decisiones que estamos tomando. No vamos a permitir más aprietes mediáticos”, aseguró.

Cañete: “Los traumatólogos son ingratos, desconsiderados y no dicen que el organismo les paga los aranceles más altos”

El gobierno entrerriano firmó convenios de promoción turística con tres municipios cordobeses

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El gobernador Sergio Urribarri suscribió acuerdos con los intendentes cordobeses de las localidades de Marcos Sierras, Villa Yacanto de Calamuchita y Villa del Totoral, para fomentar el turismo entre las dos provincias. Trabajarán en difundir las bondades de paisajes y servicios de los centros turísticos de ambos lados. El convenio tiene por objeto establecer un compromiso conjunto de promocionar y difundir los atractivos turísticos de los destinos de la provincia de Entre Ríos y las ciudades de Marcos Sierras, Villa Yacanto de Calamuchita y Villa del Totoral.Las delegaciones de las tres ciudades estuvieron encabezadas por sus intendentes quienes firmaron cada acta con el gobernador Urribarri. De esta manera estuvo presente el intendente de Marcos Sierras, Osvaldo Alejandro Alarcón; el de Villa Yacanto de Calamuchita, Oscar Musumeci; y la intendenta de Villa del Totoral, María del Carmen Luján, quien le obsequió una obra pictórica realizada por un artista del Encuentro Nacional de Pintores que se realiza en dicha villa.

Urribarri expresó luego del acto que “el turismo genera fuentes de trabajo y la firma de estos convenios muestra una de las tantas coincidencias que tenemos con estos intendentes sobre la visión de país que queremos y proyectamos, les agradezco el recibimiento y la predisposición para fomentar mutuamente los atractivos turísticos entrerrianos y cordobeses”.

El gobierno entrerriano firmó convenios de promoción turística con tres municipios cordobeses

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