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El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) advirtió que las afirmaciones del senador provincial Eduardo Melchiori (PJ-Islas) sobre los casos de abortos no punibles, “están alejadas de toda la normativa nacional e internacional” en la materia. “Como representantes políticos debemos asumir una responsabilidad social antes de emitir declaraciones sobre una problemática, que es una flagrante vulneración de los derechos humanos de niñas y mujeres”, evaluó el interventor del organismo, Pedro Mouratian. A su vez, señaló que en los dichos del legislador “subyace una concepción personal que poco se ajusta a las responsabilidades que debiera asumir como representante de uno de los poderes del Estado”. Desde Inadi se enfatizó que el Código Penal establece la edad de trece años para avalar el consentimiento en una relación sexual, por ende el embarazo producto de una relación en todos los casos son considerados abuso sexual. Según la Ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “todo acto que implique un obstáculo para decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva es considerado un acto violento”.

El su último fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer su criterio para que sea “expresado y conocido para la solución de casos análogos que puedan presentarse en el futuro”. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos y de los Derechos del Niño han pronunciado su desacuerdo con una restricción en el derecho al acceso a un aborto no punible a casos solamente al caso que la víctima sea una mujer idiota o demente.

“La distinción irrazonable en tanto a su condición mental en el trato respecto a otra víctima y pretender exigir a toda otra víctima de un delito sexual llevar a término su embarazo, que es consecuencia de un ataque contra sus derechos fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger”, señaló el organismo, en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL.

Y amplió: “La judicialización revierte a todas luces una práctica innecesaria e ilegal, según la interpretación del Tribunal Superior, además de cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada”.

“Que las víctimas ejerzan su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no implica que los procesos judiciales a los violadores no se desarrollen y reciban la pena por el delito cometido”, aclaró. De inmediato, apuntó: “Pero tal la exposición judicial no debe ser condición para obstruir el derecho de las mujeres a no ser revictimizadas y ser atendida prontamente en esta situación de extrema vulnerabilidad”.

Por último, indicó que “en ninguna instancia se obliga a médicos/as a realizar prácticas de interrupción del embarazo, la objeción de conciencia está garantizada pero ello no debe obstaculizar el acceso al derecho de la atención de la victima del abuso sexual, por tanto los servicios deben contar con profesionales que no sean objetores y puedan llevar adelante la práctica y efectivizar el derecho”.

El titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, aclaró que “la provincia aumentó su recaudación un 40 por ciento respecto del cuatrimestre del año pasado, ya que la comparación se debe hacer respecto a los vencimientos de los mismos impuestos y no por mes sin tener en cuenta esto, porque sino salen números incorrectos”. “Entre Ríos aumentó la recaudación propia y pasó de 20 por ciento a un 28 por ciento, es decir que se incrementó 8 puntos el financiamiento que permite tener más autonomía financiera”, explicó. Asimismo, aseguró que “la provincia de Entre Ríos es la que más ha aumentado su recaudación en el último tiempo”, informó ANálisis Digital.

Ante la falta de acuerdo con la comuna de Santa Elena, se agudiza la protesta de los municipales cuyos contratos se cayeron. Los manifestantes denunciaron que recibieron amenazas de muerte y cargaron contra el intendente Daniel Rossi. En este marco anunciaron que se movilizarán a Casa de Gobierno este lunes para hacer conocer la situación que se vive en la localidad. “Nos dijo que no iba a gastar ni 50 centavos en nosotros. Y que vayamos a molestar a Casa de Gobierno, porque de su parte no vamos a tener ninguna respuesta”, refirió el vocero de los trabajadores, Gabriel Berón.

Además, el obrero denunció aprietes a quienes lideran la protesta. “Recibimos amenazas de muerte tanto a mi celular como al de mi compañero, Maximiliano Aguirre. Por medio de mensajes de texto anónimos nos dijeron que no sigamos con el reclamo, porque nos van a matar a nosotros o alguien de nuestra familia”, explicó.

Enseguida, remarcó: “No tenemos ni un peso. Mis hijos no tienen zapatillas y por eso no pueden ir al colegio. Las ollas populares que realizamos cada mediodía frente al Palacio Municipal, con alimentos que nos proporcionan gratuitamente los comerciantes de la ciudad, la trasladamos a la noche a mi casa. No tenemos ni para comer”.

Ayer al mediodía mantuvieron un encuentro con el intendente, el primer acercamiento desde que se inicio el conflicto. “Rossi dice que la provincia no le manda la plata de la coparticipación y que por eso el municipio no tiene fondos. Que no lo molestemos más y que vayamos a Casa de Gobierno a pedir plata, porque él no tiene”, refirió Berón.

Por último, señaló a Uno que pretenden un aumento salarial de 1.200 pesos y que se reincorpore a los trabajadores despedidos. “De los 400 contratos hay gente que está cobrando montos de 2.500 pesos: pero hay unas 30 ó 35 barrenderas que están percibiendo 280 pesos, 30 recolectores que cobran 620 pesos y unos diez obreros de obras sanitarias que trabajan en las cloacas por 400 pesos mensuales”, aclaró.


Fuente: www.lapazdigital.com.ar.

"No vamos a permitir desestabilicen el gobierno porque tenemos mandato constitucional hasta el 2015" indicó el mandatario

“Estamos trabajando, desde las siete menos diez (de ayer) que ingresé al municipio, no me he podido mover casi, por la cantidad de audiencias, comunicaciones telefónicas, el seguimiento de todos los trabajos que venimos realizando y lamentablemente observando actitudes que quieren desestabilizar el gobierno constitucional, y que yo he firmado las denuncias penales, aportando las fotos del camión de los Jacobi, dónde se puede observar como bajan cubiertas y maderas para prender fuego.

Tienen también bombas de estruendo (de las que se usan en los carnavales parece) que demuestran que tan mal pagos no están algunos de los que protestan y trabajan.

Lo que ya no sorprende es la casualidad o causalidad, nos cuentan algunas personas que este fin de semana andaban el grupo de los “billetera gorda” y aparecieron algunos “asaditos”.

No vamos a permitir desestabilicen el gobierno porque tenemos mandato constitucional hasta el 2015 y vamos a hacer las denuncias que correspondan.

Nosotros les hemos aumentado el contrato a los recolectores y en el caso de BERON (el hijo del “zorro”) y GAUNA (hijo de RUBEN GAUNA quien estuvo a cargo del grupo de limpieza en el mandato de la gestión anterior), trabajaban sábado y domingo con el recorrido que demora dos horas y cobran casi cuarenta (40) pesos la hora, reitero trabajan solamente dos (2) horas y en algunos casos menos, los días sábados y domingos, la gente que saque sus propias conclusiones.

Acá hay otra intensión y es la de desequilibrar este gobierno, pero nosotros vamos a seguir con la firmeza y la seriedad, transformando nuestro pueblo.

Mañana tenemos visitas de funcionarios de la provincia, que van a estar recorriendo el camino del colorado con los vecinos, para armar el proyecto de lo que me comprometí en la campaña electoral de reparar el camino.

Estamos en etapa de reorganizar el estado que somos todos y yo tengo la responsabilidad de cuidarlo de algunos “vivos” que antes se llevaban lo que nos les correspondía y ahora quieren que vuelva eso. Acá no hay mas de diez personas o doce y de los cuales son tres (3) o cuatro (4) los que trabajan y los demás no, con la gravedad que algunos tienen antecedentes penales delicados.

Si algunos de los que protestan están en desacuerdo de trabajar solamente las dos (2) horas sábados y domingos y por lo cual cobraban pesos seiscientos diez (610), entonces trabajaran de lunes a viernes a partir de las siete (7), acá no hubo despidos, pero cobra el que trabaja. seguramente necesitan cobrar mas los contratados, pero de ninguna manera con actitudes de esta naturaleza van a conseguir algo.

Hay muchos contratados que tienen un beneficio trabajando y cobrando tareas aparte, los que limpian, un grupo de barredoras, los afectados a cloacas, la gente a cargo de MAZZONE, de BONAZZOLA, del cementerio, del taller eléctrico, los inspectores, todos hacen horas aparte y cobran por esas tareas.

Estas personas pueden estar todo el tiempo que quieran quemando gomas, y salir en los medios que quieran, yo estoy armando todo lo relacionado a denuncias penales y algunos vecinos me vinieron a ver para consultar medidas a seguir porque les va el humo a ellos.

Sabemos que hay algunos medios que incentivan a esto, pero ojo con lo que hacen porque están violando la ley, incentivando e instando a la violencia y yo voy a hacer la denuncia que corresponde, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Hay gente que se ofrece para venir a sacarlos, pero eso no lo voy a permitir, para eso está la justicia y la ley.

Según el informe que yo tengo, BERON y GAUNA hace como un mes estaban ebrios, pelearon y le rompieron la cabeza a otra persona en un hecho lamentable y vinieron a hablar conmigo para no perder el trabajo y en un gesto solidario nosotros los dejamos que sigan trabajando, y ahora seguramente están incentivados a hacer esto por “los billeteras gorda” y por algún partido político opositor que no le va bien en las urnas y quieren desestabilizar de esta manera.

Esta semana si Dios quiere y no llueve, entramos con el equipo de pavimenteros y empezamos a trabajar en calle Tucumán del barrio Hipólito Irigoyen. Nosotros seguimos con la transformación y no vamos a parar porque tres, cuatro o veinte que reciben algo a cuenta, crean van a detener la decisión de la mayoría del pueblo, los que quieran seguir siendo negativos los que apostaron y apoyaron para que no lleguemos al gobierno y a los radicales (que me denunciaron para que no sea candidato) que sigan pagando vehículos para que algunos vayan a hablar a los medios de Paraná o que sigan comiendo “asaditos” con tal que después vengan a quemar gomas y a provocarnos. Acá nos conocemos todos y el tiempo será nuestro mejor aliado y testigo”.

“Evidentemente la política de control de precios no puede ser efectiva presionando sobre los sectores que producen como ha ocurrido hasta ahora por parte de la Secretaría que conduce (Guillermo) Moreno”, sostuvo el diputado nacional Fabián Rogel (UCR-Entre Ríos) que participó en una audiencia pública donde estuvieron presentes representantes de consumidores, de productores y de molineros de yerba mate. Por su parte, los delegados del sector yerbatero acusaron por la distorsión de precios a las grandes cadenas de distribución que están en proceso de acumulación de stock. En este marco, el legislador entrerriano, que también es integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, indicó que “el Estado sabe perfectamente que los costos más factibles de calcular y verificar son los que tiene el producto hasta que sale, en este caso de la planta, o de cualquier fábrica”. Igualmente, a través de un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL, Rogel expresó que convinieron con el presidente de la Comisión, Mario Barbieri (UCR-Buenos Aires), que ese cuerpo “va tener un estricto protagonismo en cuestiones coyunturales como ésta, pero también un celo en lo que haga a la defensa de los usuarios y los consumidores, deteriorada producto del proceso de privatización y de la falta de control que ha habido desde el año 90 hasta la fecha”.

Durante el encuentro los productores y molineros comentaron que la elevación de los standards de calidad de la yerba mate se habían elevado y con eso también los costos –tanto que hoy se ofrece a los argentinos una calidad notable con respecto a 10, 20 y 40 años atrás–, el problema de la elevación reciente de los precios tiene otra explicación.

Al analizar estrictamente los costos y por qué del aumento culparon, en primer lugar, a los costos financieros, y a la necesidad de tomar créditos para comprar con anticipación, al tratarse productos estacionales, con elevados gastos e intereses.

Por último, según los representantes del sector, razonablemente un kilo de yerba mate término medio no podría estar en la góndola a un precio superior a 21,50 ó 22 pesos. Asimismo, hablaron de la demarcación de un producto con aumentos que no tienen ningún tipo de justificativo, puesto que a los 21,5 o 22 pesos están ya calculados el 35 por ciento razonable que se le puede aplicar a la comercialización.

Los intendentes justicialistas de la costa del Paraná se reunieron en la capital provincial y el jefe comunal de La Paz, José Nogueira, anunció “sintonía fina” para los municipios y adelantó que se “readecuarán las tasas” tal como lo hizo el Ejecutivo paranaense. En este contexto, subrayó que se debe “tener una política recaudatoria acorde a los servicios que se prestan”. Por otro lado, admitió que la quita de fondos coparticipables de incentivo docente por parte del gobierno nacional a las intendencias “los afectó”. En esa línea, indicó que “era un presupuesto que habíamos hecho y tuvimos que readecuarlos, esto hace que nos pongamos los pantalones largos y salgamos a cobrar”. El tema saliente del encuentro de este miércoles fue el de los servicios que se prestan a nivel municipal y la contraparte recaudatoria a través de las tasas. Por ello, Nogueira explicó que “los municipios fuimos creados con una tasa de alumbrado, barrido y limpieza y la tasa general inmobiliaria. Debemos tener limpia la ciudad, juntar la basura y mantener los espacios públicos". Y añadió que "cada vez la población demanda más servicios y empezamos a brindar educación, salud, seguridad, turismo y cultura”.

A esta situación resaltó que “los recursos no son los adecuados, ni la población está sabiendo qué se está brindando”. Para eso la reunión de hoy, puso en común entre las comunas “si tenemos que cambiar o ampliar las tasas”.

Tras referirse a lo que aconteció en Paraná la semana pasada cuando a propuesta del Ejecutivo se actualizaron los tributos, Nogueira afirmó que las localidades de la costa piensen “coordinar experiencias”.

Por último, en diálogo con APF, sostuvo que “debemos ser austeros, ser claros en los gastos y tener una política recaudatoria acorde a los servicios que se prestan”.

El presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Javier Melchiori, confirmó que está vigente la audiencia conjunta entre el campo y el gobierno, convocada para el jueves por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, atendiendo al reclamo de los productores que buscan poner freno al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. “Lo que lograremos con esta audiencia es poner las cosas sobre la mesa”, vaticinó el ruralista. Melchiori explicó que presentaron una “acción de clase” que es una acción “colectiva” avalada por la Constitución Provincial y puntualizó que exigen el acceso a la información pública para conocer de qué modo se hizo el cálculo para establecer el valor actual del impuesto. “No podemos conocer cuál es la base del cálculo”, se quejó Melchiori en declaraciones a RecintoNet y reforzó la queja del campo que advierte que en vez de tomar los cinco últimos años, sólo se promedió el último, lo que en valores significa un cambio sustancial porque el kilo de novillo gordo promediaba los 5,30 y el valor que se habría utilizado alcanzaría los 8,60 pesos.

“Ahora vamos por la cuestión de fondo y los vecinos van a entender de lo que hablamos. Reclamamos por el derecho a la información porque está claro que hay un error en el cálculo, lo que no logramos es que nos expliquen cómo se hicieron esos cálculos”, abundó.

De todos modos, para Melchiori “más allá de la argumentación, lo que lograremos con esta audiencia es poner las cosas sobre la mesa”, vaticinó al marcar la audiencia conjunta que tendrá lugar el lunes entre productores y funcionarios, aunque se desconoce aún si concurrirán a ella representantes del Ejecutivo o de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el órgano impositivo que preside Marcelo Casaretto, publicó RecintoNet.

La Cámara de Diputados de la provincia sancionó esta madrugada la norma que modifica la ley de Presupuesto 2012 y autorizó al Poder Ejecutivo provincial a emitir Letras del Tesoro para “cubrir diferencias estacionales de caja” hasta el 5 por ciento de los recursos tributarios, poniendo como garantía la Coparticipación Federal. Los créditos podrán ser obtenido en dólares u otras monedas extranjeras y, mediante la reforma de la Ley de Administración Financiera.

Minutos más tarde de las 2.30 de hoy, Diputados sancionó definitivamente, por mayoría, los proyectos de ley del Poder Ejecutivo que antes, en la tarde noche de ayer, había reservado “con o sin despacho de comisión”. De ese modo, y con el voto de la bancada justicialista se aprobó la propuesta de ley que le permitirá al Ejecutivo la emisión de letras “para cubrir diferencias estacionales de caja dentro del ejercicio”, El proyecto limita la circulación, que no podrá ser superior “al equivalente del 5 por ciento ciento de la totalidad de los recursos tributarios de origen nacional y provincial previstos o estimados para el ejercicio fiscal o hasta el monto especial que fije anualmente la ley de Presupuesto provincial.”

En el recinto, el presidente de Presupuesto y Hacienda, el diputado Marcelo Bisogni, defendió el alcance del proyecto. Antes, por la mañana, Bisogni había invitado a la comisión al ministro de Economía, Diego Valiero, para que despejara dudas sobre el alcance del proyecto. en un encuentro que también involucró a la comisión de Tierras. “En la mesa de trabajo quedó resaltado que no hay ninguna nueva autorización al Poder Ejecutivo referente al tema endeudamiento, debido a que la ley de Presupuesto vigente en sus artículos 5º y 6º ya prevé la facultad del Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público”, dijo Bisogni al sintetizar, en declaraciones radiales, el trabajo con el ministro.

“La única modificación que se hace es que ese crédito público se puede contraer en pesos, en dólares u otra moneda extranjera, respetándose incluso los montos autorizados en la ley de Presupuesto”, sostuvo.

El legislador repasó que durante la reunión “el mismo ministro de Economía descartó la existencia de alguna intención del gobierno de emitir bonos para pagar sueldos” y recordó que existe “una prohibición de la Constitución provincial de emitir bonos y todos los convenios de financiamiento firmados por la provincia desde 2004 en adelante han dejado en claro que la provincia no puede emitir cuasimoneda”.

“Sabemos que hay algunos pícaros que están planteando esto, pero los empleados deben quedarse tranquilos porque cuando se tengan que pagar los sueldos a fin de mes, se van a pagar en pesos y en efectivo”, insistió Bisogni.

Por su lado, la oposición cuestionó el tratamiento “exprés” de la iniciativa y reclamó trabajo en comisión. Antes de la sesión, Lisandro Viale (PS) comparó la “urgencia” en aprobar la ley con la sanción de la Sociedad para la siembra de arroz en islas: “Lo mismo se hizo en diciembre con la famosa ley arroz, atropellando y atropellando en 72 horas senadores y diputados aprobaron una ley que en teoría era fantástica para el desarrollo de la provincia, y 40 días después tuvieron que derogarla por el mamarracho e intento de estafa que fue otorgarles a privados cien años de explotación de las tierras fiscales”. Y agregó: “Esto es lo mismo, se aprobó en el Senado porque es homogéneo y que pedimos que vaya a comisión para analizarlo”, reclamo.

Rosario Romero, del FEF, habia marcado, a su vez, la preocupación de su bancada por “el endeudamiento en dólares estadounidenses o moneda extranjera, la emisión de letras que el Senado redujo de 10 a un cinco por ciento de los recursos tributarios de origen nacional y provincial. Se trata de 370 millones de pesos, es una cifra importante que no tenemos muy en claro cuál es el destino o la imperiosa necesidad de aprobar esto”, advirtió la ex funcionaria municipal de Paraná.

Otras definiciones

Según RecintoNet, en otro orden Diputados designó a sus representantes en la comisión Permanente de la Defensoría del Pueblo que estará integrada por los justicialistas Juan Navarro; María Laura Stratta; Martín Uranga; Pablo Mendoza; los radicales Agustín Federik y Jorge Monge y los federales Jorge Lara y Rosario Romero.

El gobernador Sergio Urribarri en un acto desarrollado este miércoles en la Casa Gris se refirió al tratamiento que la Cámara Alta realizó acerca de la emisión de letras y expresó que “maliciosamente se ha intentado instalar que esta iniciativa persigue pagar con bonos federales los sueldos” y remarcó que “no voy a pasar a la historia por emitir bonos, sino por ser el gobierno que más escuelas y caminos realizó”. En este marco, el mandatario provincial criticó los dichos que realizara “desde marzo de 2008 el autor intelectual de todo esto: un ex dirigente y ex gobernador y ex justicialista (en alusión a Jorge Busti) que desde entonces viene haciendo anuncios catastróficos”. Asimismo, le indicó que “si te presentás en unas elecciones y el 84 por ciento de la gente te da la espalda ¿no te parece que es conveniente callarte un tiempo?”.

Igualmente, el titular de la Casa Gris le recomendó al ex mandatario que haga “como hace la mayoría de los ancianos, que son optimistas, tienen mensajes esperanzadores, cuidan sus nietos. ¿Por qué no hacer lo mismo?”. Y le rememoró que “si estuviste durante tanto tiempo peleando para ocupar el primer ranking como mejor alumno de Lilita Carrió; ya lo ocupaste, basta. Creo que hay momentos que ameritan un poco de recato, de cuidado, de no ser tan perverso". Asimismo, expresó que “se terminaron los personalismos. Jamás volverá ese tiempo de las campañas sucias, de las zancadillas, de querer dividir para reinar". Y añadió que "me voy a ir contento de haber unido para siempre a los entrerrianos”.

En ese sentido, al hablar sin mencionar al ex gobernador, relató –mientras mostraba una carpeta color amarillo-, "tengo una carpeta repleta de titulares donde este señor desde el año 2008 viene diciendo que la situación económica es desastrosa, que no íbamos a poder pagar los sueldos, que íbamos a emitir bonos federales”. Y continuó diciendo que aquellas líneas decían “que las obras eran virtuales, que estamos en presencia del vaciamiento del estado, que estamos en alerta amarilla, luego en roja, que estamos en una situación financiera tremendamente difícil en la provincia".

Por otro lado, Urribarri subrayó que “nunca emitiría bonos, ya que la provincia está creciendo como nunca en su historia y lo que pretendemos es continuar con las transformaciones, con más equidad, ir siempre por más". Además, remarcó que “este gobierno jamás prometió lo que no pudo hacer. Jamás mintió”.

En esa línea, llamó la atención a como medios televisivos, en particular a Canal Once, se expresaron acerca de la posibilidad de pagar los haberes con cuasi monedas y solicitó "no asustar a los pequeños comerciantes, a los trabajadores”. Además, estimó que “no me gusta estar esquivando situaciones y por eso busco cerrar un capitulo que finalmente se clausuró el 10 de diciembre de 2007 cuando comenzamos con este proyecto transformador”.

Además, mencionó que "muchas provincias -Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y también Capital Federal- están colocando letras en el mercado de capitales, y en el caso nuestro no es para pagar gastos corrientes, es para consolidar el proceso de crecimiento, de inversiones, de obra pública y de producción".

Finalmente, el acto contó con la presencia del vicegobernador, José Cáceres; el titular de la Cámara Baja, José Ángel Allende (FpV-Nogoyá) y la intendenta de Paraná, Blanca Osuna, que participaron de la firma de la entrega en comodato del edificio para la Asociación Civil Barriletes.

De ANALISIS DIGITAL

El ministro de Salud, Hugo Cettour, informó que la decisión tomada por el gobernador Sergio Urribarri con respecto al protocolo sobre abortos no punibles fue la de ir en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual estipula, entre otros puntos, que una mujer cuyo embarazo sea el resultado de un acto de violación podrá acceder a su interrupción sin necesidad de presentar una denuncia. “Es una aclaratoria del inciso 2, que es de 1920 y que está restringido con términos que hoy suenan muy duros como ‘idiota o demente’ y que exceptuaba otros casos", explicó Cettour, en referencia al artículo 86 del código Penal argentino, en el que se contemplan los abortos no punibles. Se refirió al polémico proyecto del senador provincial Eduardo Melchiori.

“Ahora, con esta aclaratoria, sin judicializar a la paciente violada, desde el sector público se podrá realizar el aborto, con una declaración jurada y con un consentimiento informado de la misma paciente”, añadió, en una declaraciones reproducidas por Babel Digital.

Por otro lado, se refirió al proyecto de ley del senador provincial Eduardo Melchiori (FJpV - Islas), el que va a contramano de lo dictado por el Supremo Tribunal al solicitarle, en la iniciativa legislativa, a una mujer abusada una denuncia judicial.

"Los legisladores tienen toda la libertad para hacer y presentar proyectos, habrá que ver si tienen consenso”, expresó Cettour al respecto y reafirmó que "la decisión del gobernador es aceptar lo que dice la corte”.

Los 17 senadores entrerrianos del oficialismo levantaron la mano en apoyo al proyecto que autoriza al gobierno a emitir títulos, por hasta el cinco por ciento de la totalidad de los recursos tributarios y permitir así que el Ministerio de Economía logre dinero fresco y pueda pagar deudas. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, modifica los artículos 5º y 6º del Presupuesto 2012, referidos a sus facultades para la realización de operaciones de crédito público. El tema causó preocupación en diferentes ámbitos políticos y gremiales, lo que provocó la reacción en el recinto del representante por Concordia, Enrique Cresto. “La provincia no quiere, ni necesita emitir ninguna clase de bono”, aseveró. Además, señaló que “con esta modificación los títulos que sólo se emitían en pesos podrán ser en moneda extranjera, como ya lo han hecho otras provincias”, en referencia a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El texto fue girado a la Cámara de Diputados, que lo convertirá en ley en la sesión de este miércoles. De ANALISIS DIGITAL

El encargado de leer el proyecto remitido por el Ejecutivo fue Jorge Ghirardi (Villaguay), quien señaló que tras el encuentro con el ministro de Economía, Diego Valiero, se modificó el total de recursos afectados del diez al cinco por ciento. Sin embargo, quien defendió la iniciativa oficial, y dijo sentir la “necesidad” de hacer aclaraciones, fue Cresto. “Queremos dejar en claro que el proyecto de ley sólo modifica artículos sobre los títulos que se negocian en el mercado financiero”, asentó el representante de Concordia. Y refrendó: “La provincia no quiere, ni necesita emitir ninguna clase de bono”.

“Con esta modificación los títulos que sólo se emitían en pesos podrán ser en moneda extranjera, como ya lo han hecho otras provincias”, enfatizó, al tiempo que aseguró que de esta forma se otorga al gobierno la “posibilidad de que se administre con más herramientas” en el mercado.

En consonancia, César Garcilazo (Victoria) llamó a la ciudadanía a “quedarse tranquila” con la aprobación del texto. “Estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, para que ningún entrerriano tenga zozobra ni inconvenientes”, asentó. Como no podía ser de otra manera, nadie reveló que el borrador de la iniciativa no es idea de Valiero, sino del titular del organismo recaudador, Marcelo Casaretto, quien incluso acercó al gobierno -hace poco más de un mes, según pudo saber ANALISIS DIGITAL- un total de cinco bancos, entre nacionales y extranjeros, para avanzar en la negociación de las Letras y lograr así el ingreso de dinero fresco para que el gobierno pueda pagar sus deudas. Los más afectados son los proveedores del Estado, a quienes les adeudan no menos de seis o siete meses de partidas. Ese oxígeno también determinaría un cronograma de pago a estatales que no se extendería hasta el día 20 del mes, tal como ocurrió en abril, lo que generó malestar y preocupación.

Por otra parte, en la sesión de este martes el cuerpo aprobó la adquisición de un préstamo del Banco Nación para la construcción de viviendas. La próxima reunión será el 8 de mayo, desde las 20.

Datos del proyecto

El proyecto impulsa la emisión de letras “para cubrir diferencias estacionales de caja dentro del ejercicio”. La circulación de las mismas no podrá superar el “equivalente al cinco por ciento de la totalidad de los recursos tributarios de origen nacional y provincial previstos o estimados para el ejercicio fiscal o hasta el monto especial que fije anualmente la Ley de Presupuesto”.

De superarse el ejercicio sin ser reembolsado, “se transformarán en deuda pública debiendo cumplir con los requisitos” que fija la ley, informó Recinto Net.

El texto impone que se establecerán “adecuaciones a las disposiciones vigentes en la Ley de Presupuesto 2012 a fin de que las autorizaciones de endeudamiento puedan realizarse en pesos o monedas extranjeras”. También avanza en el artículo 67 de la Ley Nº 5140 de Administración Financiera de los bienes y las contrataciones “en materia de emisión de letras u otras obligaciones para cubrir diferencias estacionales de caja”.

Legisladores iniciaron el análisis del proyecto de ley de Eduardo Melchiori que busca obstaculizar la práctica del aborto, incluso en los casos no punibles, en clara colisión con el Código Penal y lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Durante el encuentro, el senador por Islas enfatizó que su iniciativa tiene en cuenta el “derecho a la vida desde la concepción”, aunque desconoció la legislación vigente sobre derechos sexuales y reproductivos. De hecho, en los casos en que corre riesgo la vida de la mujer, propone la constitución de un gabinete de profesionales, lo que generará más dilaciones en la concreción de una intervención que es legal. Mientras la Legislatura entrerriana busca retroceder en materia de derechos, Santa Fe ya adhirió a la Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles -al igual que otras 14 provincias.

El proyecto pretende legislar sobre el contenido del artículo 86 del Código Penal, a pesar de que se trata de una ley de mayor rango y fue además ratificada por la Corte Suprema.

Indica asimismo que “los profesionales integrantes del gabinete y las instituciones intermedias surgirán de una lista que confeccionará el Ministerio de Salud y que actualizará permanentemente”. También se prevé que “la información sobre la que tomen conocimiento los miembros del gabinete caerá bajo el secreto profesional”.

Según publicó el sitio oficial del Senado, de la reunión de comisión participaron Melchiori, Carlos Brambilla, René Bonato, Luis Schaff, Eduardo Taleb, Esther González y Rubén Matorras.

De ANALISIS DIGITAL

El Poder Ejecutivo remitió al Senado fotocopia de todos los decretos firmados por el gobernador Sergio Urribarri en los que se designan magistrados. La omisión del concordiense Raúl Tomaselli en esa lista provocó sospechas en el ámbito legislativo. El jueves pasado, un par de horas después de que se conozca la noticia que daba cuenta de que el juez interino fue denunciado en la Justicia por el pago de la cuota alimentaria, ingresaron a la Cámara Alta una nómina de decretos, con la excepción del polémico letrado. Todo indica que sólo en Tribunales se sabía del litigio que tenía el postulante en el Juzgado de Familia de Concordia. La sesión se llevó adelante a las 11. En esa ocasión los senadores recibieron de la secretaria general del Ministerio de Gobierno y Justicia, Lucila Haidar, fotocopias de los decretos 743/12, 744/12, 745/12, 746/12, 747/12, 748/12, 749/12, 750/12, 751/12, 752/12, 753/12, 754/12, 755/12, 756/12, 757/12, 758/12 y el 759/12. En el pelotón sólo quedó afuera uno: el de Tomaselli.

El desconcierto en el ámbito legislativo es total. Senadores y empleados administrativos se limitaron a decir que no conocen por qué el decreto del cuestionado magistrado quedó, solo, afuera de la nómina. “La información que se brindó a los senadores es la que hay. De Tomaselli no hay decreto”, contó a Haidar a Página Judicial.

El tema no es sencillo. Tomaselli es el candidato del gobernador para el Juzgado de Familia Civil y Penal de Menores Nº 1 de Concordia luego de que al titular del Ejecutivo le llegue una terna con los tres mejores promedios del concurso desarrollado en el Consejo de la Magistratura. Urribarri, como lo establece el proceso, envió a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta el pliego para que allí se analice y luego el cuerpo le dé acuerdo en pleno.

Estos pasos previos a la firma del decreto fueron transitados por el magistrado interino en el medio de críticas, apoyos e impugnaciones por haber permitido que se judicialice el caso del aborto no punible de la nena de 11 años violada y embarazada.

Una pregunta que surge en el ámbito legislativo es si el mandatario sabía de la presentación sobre un pedido de Jury ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) donde se denuncia a Tomaselli de no pagar la cuota alimentaria. ¿Debieron acercar esa acusación para ser sometida a análisis?

Las organizaciones sociales que impugnaron al juez aseguran que los senadores sabían lo de la cuota alimentaria. Sin embargo, en el Senado manifiestan que conocían del caso, pero a modo de “rumor”.

El otro interrogante es si se solicita esa información al Registro de Deudores Alimentarios que depende de la Dirección de Asistencia a la Víctima. “La ley electoral requiere de ese certificado, pero en la Justicia no, lo que no significa que para un caso especial se solicite”, explicó Haidar.

El secretario general del Consejo de la Magistratura, Gustavo Castiglioni, aclaró que esa información no se solicita en el organismo que forma parte, ya que el mismo “tiene sus propios procedimientos” de control. “Son los postulantes y las organizaciones sociales e intermedias quienes tienen la posibilidad de presentar las impugnaciones que quieran”, apuntó. Sí se estableció en el reglamento interno del Consejo que quienes formen parte o constituyan un jurado evaluador se les solicite ese certificado.

Tras el pedido del senador Natalio Gerdau (Gualeguaychú), la Cámara Alta aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que declara “de Interés Legislativo la 8va marcha al Puente General San Martín, a desarrollarse el domingo 29 de abril de 2012 bajo el lema Unidos por la Naturaleza, organizado por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, en la ciudad de Gualeguaychú. Entre Ríos". Por su parte, el legislador afirmó que la Asamblea "viene realizando marchas desde el año 2005, mostrando de esta manera un pueblo unido en la lucha a favor de las generaciones actuales y futuras; buscando permanentemente un ambiente libre de contaminación". En ese orden, a través de un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL, enfatizó que "este pueblo sigue luchando día a día en pos de conseguir conciencia por un medio ambiente sano y puro demostrándolo en una nueva Marcha".

Asimismo, indicó que las movilizaciones “han sido importantes y han trascendido a nivel nacional como un símbolo de nuestra ciudad y de la defensa del río, que es un patrimonio del que todos nos enorgullecemos”.

Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba trabajan en forma conjunta en el diseño de procedimientos, protocolos y capacitaciones a fin de fortalecer y homogeneizar acciones tendientes a la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. “Los chicos que trabajan son los grandes excluidos de mañana”, dijo al respecto el ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que participó, como presidente del Consejo Federal de Trabajo, en la presentación del programa Mercosur unido contra el trabajo infantil. “La erradicación del trabajo infantil es una política de Estado”, aseguró el funcionario y comentó que con este propósito, en Entre Ríos se realizan inspecciones todo el tiempo y en todas las áreas. “Hay un celular en el cual se reciben denuncias por mensajes de texto o por teléfono, una página web, convenios instrumentando protocolos con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y con Educación. También se trabaja en este tema, en el marco de la Región Centro, con Santa Fe y Córdoba”, explicó.

Además, dijo que “en una última etapa se trata de que a los chicos que hemos encontrado trabajando y hoy están con una ONG que los está ayudando, ahora podemos brindarle una guía de turismo social por la provincia”.

“Es necesario implementar políticas de tolerancia cero porque el trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza. Los chicos que hoy trabajan son los grandes excluidos de mañana”, afirmó Smaldone, al indicar que hay un firme compromiso de las tres provincias de la Región Centro de fortalecer y consolidar las políticas de Estado para dar respuesta a la problemática de niñas, niños y adolescentes que trabajan en sus territorios a partir de una planificación fundada en el trabajo decente.

A nivel regional

Smaldone, actual presidente del Consejo Federal del Trabajo (CFT), impulsó la elaboración de un convenio de Cooperación para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, que fue tratado en la VIII Reunión Institucional de la Región Centro, realizada en marzo pasado en Paraná.

“Deseamos que los entrerrianos denuncien y que no toleremos la naturalidad. El trabajo infantil es un problema de todos”, indicó.

Agregó que “es necesario implementar políticas de tolerancia cero para el trabajo de los niños y niñas porque está demostrado que los chicos que trabajan durante la infancia no sólo que llegan a la edad adulta sin la preparación necesaria sino que también se advierte que tienen un alto índice de repitencia, deserción escolar y tienen problemas de salud, entre otros.”

En la mencionada reunión institucional de la Región Centro, se firmó un acuerdo entre los ministros de Trabajo de las tres provincias mediante el cual se estableció que se diseñarán procedimientos, protocolos, acciones y criterios de manera conjunta, interrelacionando los desarrollos individuales que cada una realice en la temática.

En esa ocasión, las carteras laborales de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, reiteraron el compromiso asumido en reuniones previas del CFT, en relación al fortalecimiento y consolidación de las respectivas Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

Se comprometieron a diseñar procedimientos y protocolos de intervención de la inspección del trabajo frente a situaciones de trabajo infantil prohibido y adolescente protegido, desde una perspectiva de derechos. De esta manera, se procura homogeneizar dichos procedimientos, realizando capacitaciones conjuntas y coordinadas sobre la temática a los cuerpos de inspectores de trabajo.

A su vez, se definió trabajar en la implementación progresiva de los Estándares Mínimos, aprobados en el marco de la reunión general Nº 71 del Consejo Federal del Trabajo.

Estos son responsabilidad, trabajo adolescente, capacitación de los inspectores, trabajo artístico y normas de procedimiento a los efectos de su autorización, instrumentos actuariales, articulación para la restitución de derechos, y explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y trata de personas, publicó El Diario.

Se realizó un encuentro entre el equipo técnico del Ministerio de la Producción y representantes de los ruralistas entrerrianos en donde los funcionarios provinciales ratificaron que el objetivo del Impuesto Rural es buscar la equidad para beneficiar al productor. Además, indicaron que los productores que continúen pagando en este primer vencimiento, que opera durante esta semana, continuarán teniendo un descuento de hasta el 15 por ciento (el 5 por ciento de buen pagado y el 10 por ciento por el pago único).

En ese orden, el director de Economía e Información Agroalimentaria de la cartera, José Manuel Pérez, consideró con relación a las dudas planteadas por los productores que se debe "a la falta de información, centralmente. El valor de la tierra, el valor fiscal y el valor productivo son determinantes”. Y añadió que “el coeficiente productivo está establecido; el valor fiscal se va actualizando y está también el valor de la tierra, que es lo que estamos discutiendo" Igualmente, señaló que “hay 64 modelos productivos que se aplican en las 37 zonas agroecológicas. En cada zona son aplicables 2,3 o 4 modelos, que se combinan para evaluar lo que se produce. Así sabemos si se hace agricultura, qué tipo de cultivos; si se hace ganadería, si es de engorde o de cría”.

Para el funcionario, la evolución del sector ha sido notable en los últimos 10 o 12 años y estimó que "la ganadería ha cambiado, hay más tecnología, la producción es mayor”. Y añadió que en la agricultura “se pasó de un cultivo de trigo con rindes de 15 quintales hace 20 años a rindes que llegan hasta los 50 quintales; al igual que el maíz, donde pensar en 40 o 50 quintales era un sueño y hoy tenemos rindes de 8 mil o 10 mil kilos".

Asimismo, el trabajo de los técnicos del Estado involucra todas las variantes que hacen al trabajo de la totalidad de los sectores productivos de Entre Ríos. La información siempre es actualizada, para poder establecer parámetros

Para cargar el modelo se utiliza una base de acuerdo a la actividad. Superficie sembrada; si es arriendo, tipo de cultivos -trigo, soja, maíz, lino, sorgo o girasol-; o campos ganaderos; cuánta hacienda, precios del ternero, vaca o novillo. El complejo modelo incluye también todos los datos de insumos: fertilizantes, herbicidas, semillas, gasoil, maquinarias, con precios de los últimos 5 años, para promediar, "algo que está pensado para beneficio de los productores", especificó Pérez.

De esa forma se evitan las fluctuaciones que pueda tener el precio de la soja, o del ganado. El promedio de los últimos cinco años permite un modelo equilibrado, racional.

Por otro lado, en función de lo acordado este lunes con los representantes de la dirigencia agropecuaria, el Poder Ejecutivo provincial emitirá en las próximas horas un decreto disponiendo un segundo vencimiento del impuesto inmobiliario rural determinado para el ejercicio 2012.

Finalmente, la norma contendrá vencimientos entre el 23 y el 27 de abril. Los productores que abonen este tributo en esa fecha mantendrán el descuento del 5 por ciento de buen pagador del ejercicio anterior y un 7,5 por ciento adicional hasta llegar a un total del 12,5 por ciento.

El aumento del trabajo registrado en la provincia originó una disminución del 15 por ciento en la cantidad de personas que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). El dato surge de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que advirtió un incremento en las asignaciones familiares. “Un importante número de entrerrianos que percibían la Asignación Universal por Hijo dejaron de hacerlo porque accedieron a un trabajo registrado. Es decir, la provincia crece con inclusión social”, sostuvo el ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone. El funcionario indicó que en las inspecciones del Ministerio de Trabajo se ha advertido un fuerte incremento del trabajo registrado en Entre Ríos, además de la recaudación de los dos últimos meses del Ministerio que superó el mismo parámetro del año anterior.

“Con esto más familias cuentan con seguridad social. Es decir, el dato estadístico es espectacular para Entre Ríos porque demuestra que el trabajo acompaña al crecimiento de la provincia. El trabajo crece con inclusión social”, remarcó.

En ese marco, precisó que en Concordia se registró el índice más bajo de desocupación de los últimos tiempos al estar en el 5,6 por ciento, mientras que en Paraná está un poco más arriba.

Por su parte, la titular de la Delegación Entre Ríos de Anses, Adela Esparza, informó que descendió el número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y se incrementó las asignaciones familiares. “La Asignación Universal indica que papá y mamá no tienen trabajo, y a 2011, porque de 2012 todavía no tenemos números, habían aumentado las asignaciones familiares de los trabajadores. Han cambiado de una a la otra. Es decir, muchos de los beneficiarios de la Universal pasaron a la Asignación Familiar que es la que cobran los papás que tienen trabajo”, remarcó Esparza.

Comentó que al tener trabajo el padre o la madre, el 15 por ciento de los beneficiarios de asignaciones universales se transformaron en asignaciones familiares. “Los papás consiguieron trabajo y cobran asignaciones familiares. Es decir, significa que hay mayor cantidad de trabajo registrado”, remarcó.

En cuanto a la escolaridad, Esparza dijo que la ayuda escolar se pagó siempre para los padres que tienen trabajo, para los jubilados y pensionados y para las pensiones de ex combatientes. “La diferencia de este año es que se pagó en forma masiva. Es decir, se hizo el pago a todos los chiquitos que tiene entre cinco y 18 años, y ahora, a partir del momento que se les paga, los papás tienen que presentar los certificados escolares”, precisó. Por lo cual, “los que cobraron tienen que justiciar que esos chicos están en la escuela, y si para el 31 de octubre esos certificados no se presentan, se descontará lo abonado”, acotó.

Diputados provinciales del Frente Amplio Progresista-Generación para un Encuentro Nacional (FAP-GEN) presentaron un proyecto que deroga el artículo 1º de la Ley 10.101 y sus escalas de alícuotas. La iniciativa responde a los reclamos de pequeños y medianos productores por la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural. Según explicó Emma Bargagna (Paraná), se trata de “una alternativa superadora para salir del conflicto entre el gobierno y el campo”, ya que “se ha previsto una norma que contempla menor carga impositiva para aquel que produce o trabaja en forma directa la tierra”. El proyecto establece que -dentro del término de 90 días a partir de la sanción de la norma- el Ministerio de la Producción debe disponer la realización de “nuevos estudios técnicos, a fin de corregir los valores emitidos en el Impuesto Inmobiliario Rural”.

Igualmente, prevé el establecimiento de “nuevos valores parcelarios, los que deberán guardar relación con los precios actuales de los productos agropecuarios y la renta de las unidades productivas”, se indicó.

La legisladora socialista destacó que el punto tres de la iniciativa señala que “todo productor que acredite residencia efectiva en el predio rural y/o trabaje personalmente en tareas rurales, podrá solicitar una rebaja del 15 por ciento en el valor del Impuesto Inmobiliario que tribute”.

En esa línea, Bargagna aseguró que el bloque entiende que esa tasa es “una herramienta política de fomento con el fin de hacer posible el arraigo del trabajador a su tierra, con el fin de revertir el proceso de emigración de la familia rural”. Por ello, aclaró que “siguiendo las pautas del artículo 86º de la Constitución, se ha previsto una norma que contempla menor carga impositiva para aquel que vive realmente en el campo y produce o trabaja en forma directa la tierra”.

“El Inmobiliario Rural es uno de los impuestos que mejor garantiza la justicia tributaria”, asestó el ministro de la Producción, Roberto Schunk, tras conocerse que el 9 de abril Federación Agrario realizará un tractorazo frente a Casa de Gobierno. Al respecto, el funcionario apuntó que “en 2004 el tributo explicaba el 12,6 por ciento de la recaudación de origen provincial y en 2011 sólo representó el 8,6 por ciento”. En esa línea, cargó contra los dirigentes que “quieren defender a los grandes propietarios, como hicieron en 2009, donde los entrerrianos perdieron millones de pesos para favorecer un grupo de 2.860 dueños de 3.100.000 hectáreas”. “En aquel momento fue el Ejecutivo provincial el que defendió a los 49.000 pequeños propietarios, eximiendo o reduciendo el impuesto a pagar”, señaló el ministro. Y recordó además que Entre Ríos no cobra Ingresos Brutos a la producción agropecuaria, como sí lo hacen otras provincias.

Schunk defendió la actualización del Inmobiliario Rural, y graficó: “Un pequeño productor de 100 hectáreas estará abonando 12 pesos por hectárea por mes, lo que no es para nada descabellado y resulta coherente con los rendimientos económicos actuales”.

Para el funcionario, “este impuesto ha perdido peso en la recaudación total de la provincia, por lo que es imprescindible un ajuste, como lo marca la ley”. Incluso sostuvo que “el gobierno solamente está cumpliendo con el artículo 79 de la Constitución, que exige tributos progresivos”.

“El Inmobiliario Rural viene atrasado desde hace años y era imprescindible un ajuste, el cual recae fundamentalmente en los grandes propietarios”, insistió. Paso seguido, señaló que el campo ha tenido niveles record de rentabilidad en los últimos años.

“Esta situación se refleja en diversos indicadores: la morosidad bancaria de los productores, que era del 34 por ciento en 2001, bajó al 3,4 por ciento en la actualidad; la reducción en la cantidad de hectáreas hipotecadas, las cuales disminuyeron de 14 millones a menos 4 millones hoy día; el crecimiento en el número de empresas y empleo formales del sector desde 2003, que ha sido del 32 por ciento y 16 por ciento respectivamente; el incremento del uso de fertilizantes y productos sanitarios, que prácticamente se duplicaron desde 2003, y el aumento exponencial en el valor de los campos, cuyos precios crecieron más del 100 por ciento desde 2002”, detalló.

En el marco de la mesa paritaria, esta mañana se realizó el encuentro entre el gobierno y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Al respecto, el ministro de Educación de la provincia, José Lauritto indicó: “Nos han informado que sus respectivos Congresos han considerado insuficiente la propuesta salarial y nosotros les dimos las razones que tenemos para hacerla, pero lo importante es que comenzamos a avanzar en las condiciones laborales en general”. Destacó que “esta es la apertura de una mesa de negociaciones de carácter permanente para tratar las cuestiones laborales de los gremios docentes, cuya implicancia se ha ampliado también a infraestructura, transporte y vivienda”. También adelantó que “el gobernador instruyó a los ministros de Gobierno, Economía, Trabajo y Educación para efectuar encuentros periódicos en reuniones de Mesa Paritaria junto a la presidenta del CGE, Graciela Bar, y los gremios, por lo que nos parece importante poder comenzar a desarrollarlos”.

“Nosotros habíamos asumido un compromiso para volver a reunirnos el 28 y por motivos de agenda del gobernador Sergio Urribarri el encuentro se traslado para hoy” comenzó recordando Lauritto, y agregó que “en realidad cumplimos con la apertura de la mesa con los cuatro gremios para trabajar en los temas de condiciones laborales en general”.

Sobre la cuestión particular aseguró que “nos han informado que sus Congresos han considerado insuficiente la propuesta salarial y nosotros les dimos nuestras razones, pero lo importante es comenzar a desarrollar los encuentros”, aseguró en declaraciones a APF.