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Castrillón: "Antes de fin de año podría estar funcionando el juicio por jurados"

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El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón, destacó el encuentro que mantuvieron algunos miembros del alto cuerpo con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, durante el desarrollo del V Congreso Internacional de Juicio por Jurados, Sistema Acusatorio y Actualidad Procesal que se desarrolla en Villa La Angostura. Al respecto, resaltó que “el embajador fue juez penal y en Estados Unidos el tema del juicio por jurados lleva 200 años” y además “el embajador de Argentina en Estados Unidos es de Entre Ríos.

Afirmó que el juicio por jurados “es una de las iniciativas que tenemos que motorizar; el Ejecutivo provincial está de acuerdo y también muchos legisladores de distintas bancadas” y aclaró que se aplicaría “para los delitos más aberrantes donde el análisis del pueblo, de la sociedad, ante estas situaciones ameritan la participación popular”. Admitió que “todos los cambios tienen resistencia hasta que uno se acostumbra” y aseveró que “si los tres poderes del Estado lo quieren, antes de fin de año podría estar funcionando perfectamente, pero el asunto es que exista voluntad”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Castrillón contó que el encuentro con el embajador de Estados Unidos se debió a que “desde hace bastante se viene trabajando para insertar al Poder Judicial de Entre Ríos en el ámbito internacional y por la característica que tiene el embajador que fue juez penal y maneja muy bien el tema del juicio por jurados, y en los eventos del Ministerio de Justicia de la Nación siempre está presente porque en Estados Unidos el tema del juicio por jurados lleva 200 años”.

En ese marco, resaltó que “Entre Ríos tiene una característica muy especial porque el embajador de Argentina en Estados Unidos es de Entre Ríos”. 

“Hemos logrado una afinidad, en una especialidad que en Entre Ríos desde siempre hubo proyectos de juicios por jurados y que cada tanto se reflota porque se va extendiendo en muchas provincias, y que aparece sobre todo cuando se pone en tela de juicio la actuación netamente judicial desde el punto de vista del derecho, muchas veces desapegada de los hechos, que termina siendo más valorado por la comunidad que por los jueces”.

“Pensamos que es una de las iniciativas que tenemos que motorizar; el Ejecutivo provincial está de acuerdo y también muchos legisladores de distintas bancadas, para los delitos más aberrantes –como hubiese sido el de los abusos en el Seminario- donde el análisis del pueblo, de la sociedad ante estas situaciones ameritan la participación popular, que haga sentir a la sociedad que no son estudiosos y conocedores del derecho, desapegado de la realidad social y cultural que tiene el pueblo”, analizó.

Precisó que junto a él se encuentran en el evento “Susana Medina en representación de la Asociación de Mujeres Jueces (AMJA); por la Sala Penal está Miguel Giorgio, y con intención de coordinar esta comisión de juicio por jurados está (el juez de Garantías, Elvio) Garzón” y adelantó que este viernes “se firmará un convenio con Estados Unidos, un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), un convenio con los fiscales de Argentina, de tal manera que nuestra coordinación –que por supuesto convocará a los otros poderes del Estado- vea hasta donde somos capaces de avanzar y hasta dónde es posible plasmar una norma que haga firme el juicio por jurado”.

Agregó que “desde el punto de vista judicial ir conjuntamente buscando no solamente las cuestiones edilicias y de infraestructura sino también las cuestiones operativas y de capacitación porque es una cuestión atípica cuando intervienen 10, 12 jurados populares de distintas formaciones, de distinta capas sociales, y distintas profesiones y formaciones culturales”.

En cuanto a la posible aplicación del sistema, Castrillón aseguró que “si los tres poderes del Estado lo quieren, antes de fin de año podría estar funcionando perfectamente, pero el asunto es que exista voluntad” y recordó que “el proyecto de ley de 2004 está archivado desde 2006 y ahí quedó en disquisiciones doctrinarias, filosóficas y jurídicas trastocando lo político”.

Consultado por la principal oposición a su puesta en marcha, afirmó que “está en que no se hace y en que no se sabe” y explicó que “no es para todos los delitos sino solo para los más importantes, pero todos los cambios tienen resistencia hasta que uno se acostumbra a los cambios”.

Mencionó asimismo que “otro tema importante es que a 10 años de vigencia del Código Procesal Penal con sistema acusatorio en Entre Ríos, que no es el mismo que en otras provincias porque las realidades son distintas y Paraná es el 40 por ciento de la acción penal, Concordia el 20 y el resto de la provincia el otro 40 por ciento; y como todo se requiere un ajuste al igual que la ley de Ministerio Público de tal manera que ajuste las garantías y fije los limites de participación de cada en un sistema que declamado aparece como perfecto pero que en la práctica aparece con dudas o vulnerabilidad de quienes están sometidos a proceso o señalados como autores de delitos”. 

Recordó que este sistema se aplica en “Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chaco, Chubut, Mendoza y en Córdoba es mixto” y afirmó que la implementación en el país “ha sido mucho mejor de lo que se pensaba, con una labor de los jurados populares con mucha más sapiencia y habilidad para llegar a lo lógico; no a la norma fría del derecho sino en la logicidad de los hechos y al valorarlos”. “La justicia es acercada a la gente porque los conflictos de la gente es lo que justifica la existencia de la justicia”, resumió.

En comparación, aseveró que “el jurado popular es menos permeable a las opiniones externas porque el juez técnico está muchas veces condicionado por la actuación del periodismo, por las presiones sociales y políticas; más allá de las funciones, de la independencia judicial y de la intangibilidad de los sueldos, lo cierto es que nadie quiere estar en la palestra y mucho menos ser destituido; por lo tanto hay muchos intereses en juego, muchas connotaciones y muchos aspectos de un juez que también que inciden en la decisión, pero cuando los problemas vienen de la instrucción o de la investigación son insalvables”.

Destacó que según las estadísticas “los jueces están de acuerdo con los jurados y en la gran mayoría de los casos, los jurados absuelven a los acusados cuando el juez los hubiese condenado” y explicitó que “si aplicásemos los mismos delitos que aplica el Foro Patagónico, habría 10 a 12 debates de jurados populares al año”. “Ojalá fuesen cero porque no habría delitos importantes en la provincia, pero ese es el promedio en los seis años que lleva de aplicación en el sur del país”, señaló.

Entre los requisitos que debe cumplir un integrante del jurado, enumeró “tener primaria completa y tener algún tipo de actividad que lo sustente económicamente de manera propia, según el tipo de delito podrá tener relación con el Estado, y tienen una regulación importante”. 

Respecto a las resistencias de los fiscales a la implementación de este sistema por considerar que los jurados son más exigentes sobre las pruebas presentadas, Castrillón analizó que “obliga a que no cualquiera sea fiscal y que no acusen con cualquier prueba”. “Que hagan bien la investigación, que tengan pruebas sólidas, y se termina el problema. Es una de las falencias que hemos criticado cuando no entran por concurso. En el último caso importante como fue el de Gisela (López) en Santa Elena, creo que existe una actuación al menos torpe tanto de la investigación de la policía de investigaciones al servicio del fiscal como de la investigación preparatoria de la Fiscalía”, opinó.

 

Análisis Digital