vie, 31 oct

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Nacionales

“La Ley de Hidrocarburos sancionada hoy constituye una vergüenza para el país”, dijo Rogel en la sesión

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El diputado nacional Fabián Rogel fue el miembro informante de la Unión Cívica Radical en la sesión realizada este miércoles y cuya votación se preveía para la madrugada. Al hablar, el integrante de la Comisión de Energía sostuvo: “Pensé que con la estatización del 51% de las acciones de YPF, el Gobierno nacional comenzaría a desandar el modelo energético de los años ’90, que tanto daño le había hecho al país, pero me equivoqué. Durante diez años mantuvieron el esquema de las concesiones, que fue el sistema de la entrega, y ahora con este proyecto no solo lo mantienen sino que además le realizan las prórrogas a todas las concesiones mal otorgadas por Menem”.
“El proyecto de Ley de hidrocarburos que envió el gobierno –sostuvo el legislador– conviene con las empresas privadas canones irrisorios para el Estado Nacional del 12% con posibilidad de reducirlo al 6%. En igual sentido, le otorga libre disponibilidad del petróleo a las empresas, utiliza un recurso estratégico como un commodity, pero lo más grave es que enajena la explotación del petróleo no convencional por 35 y hasta 60 años”.

Rogel consideró que “ha quedado claro que el Gobierno nacional no ha tenido voluntad alguna de recuperar para el país un modelo energético de plena soberanía que nos lleve al autoabastecimiento. Esta ha sido la ultima oportunidad y prefirieron legislar a favor de las empresas”.

“La Ley de Hidrocarburos sancionada hoy constituye una vergüenza para el país”, dijo Rogel en la sesión

Para hacer frente a los cortes de electricidad, Argentina tuvo que comprar energía al Uruguay

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El informe de operaciones diario que difundió Cammesa, la compañía administradora del sistema, señala que la Argentina importó de urgencia 580 megavatios desde Uruguay (equivale a poco más de dos por ciento de la oferta total del país) para atender la fuerte demanda que provocó el encendido masivo de acondicionadores de aire. Y debió reducir las reservas con las que habitualmente trabaja el sistema a límites por debajo de lo recomendable según quienes manejan la operación cotidiana del tema. La ola de calor, el principal argumento que utiliza el Gobierno para explicar las dificultades eléctricas, dejó en evidencia una debilidad estructural del sistema.El jefe de una de las principales generadoras del país, que pidió mantener en reserva su nombre, explicó que tanto él como muchos de sus colegas aprovechan la temperatura amena de la primavera para reparar las centrales de generación eléctrica. En los papeles, es una decisión bien razonada: octubre está equidistante en el calendario de las bajas temperaturas del invierno y del calor estival más fuerte. Pero en la Argentina en la que la energía pende de un hilo, el calor anticipado los dejó en posición adelantada.

Las compras de luz a Uruguay son una práctica cada vez más frecuente. En algunas ocasiones se llega a pagar a razón de 300 dólares el MW/hora, según informó en agosto el director nacional de Energía, Ramón Méndez. En otras oportunidades, sin embargo, toma los excedentes, mucho más baratos. Eso es lo que viene ocurriendo en los últimos días.

La ayuda uruguaya tranquilizó el nerviosismo que despertó la rotura de una línea de alta tensión. Poco después de las 14.30, un problema en las instalaciones de la distribuidora cordobesa EPEC dejó sin luz a 40 barrios de la capital provincial.

Mal negocio

El Gobierno está completamente al tanto de la precariedad del sistema. Anteayer, justo en el momento en que el aumento de la temperatura comenzaba a preocupar cada vez más al Gobierno, la secretaria de Energía, Mariana Matranga, firmó un convenio con representantes de Pampa Energía, una de las principales generadoras eléctricas del país. Matranga terminó un trabajo que había iniciado su antecesor, Daniel Cameron, hace algunos meses: "acordó" con el holding del empresario Marcelo Mindlin ampliar en 115 MW la capacidad instalada de la Central Térmica Loma de la Lata con una inversión de 750 millones de pesos, que deberá estar terminada para el invierno que viene, un período crítico según la mirada oficial, dada la cercanía con las elecciones presidenciales. A cambio, el Gobierno pagará la cuenta, pero de una manera muy creativa: usará la deuda que mantiene con el grupo energético. En otros términos: los obligará a invertir la plata que les debe.

La deuda del Gobierno con las empresas se generó por la falta de pago de Cammesa. Esa empresa, que está bajo el control de hombres del ministro de Economía, Axel Kicillof, se encarga de comprar la energía y vendérsela a las distribuidoras, como Edenor y Edesur. Pero por la crisis del sector, las distribuidoras hace meses que no pagan con regularidad a Cammesa, que practica el mismo vicio con las generadoras.

El convenio con Pampa Energía es uno más de una lista que integra a los principales grupos generadores del país: Sadesa, Endesa, AES y Petrobras. En las próximas semanas, Energía se dedicará intensamente a cerrar esa clase de acuerdos con las empresas del sector. Según números del sector privado, el Gobierno les debe más de 100 millones de dólares a todos los productores de energía, publicó La Nación.

El negocio no es atractivo para las empresas, que lo consideran un mal menor. Un ejecutivo que está a punto de darle el sí al Gobierno en el pedido lo expuso ayer en estos términos: "Con esto no perseguimos una ganancia, sino cambiar nuestras acreencias por fierros. Al final del camino, en lugar de un papel voy a tener una central", reflexionó.

Para hacer la oferta un poco más tentadora, el Gobierno sumó un nuevo condimento al acuerdo. En un curioso mecanismo de premios y castigos, les pagará a las empresas por la energía nueva que agreguen al sistema más del doble de lo que cobran a partir de las máquinas instaladas con anterioridad. Por ejemplo, una turbina a gas cobra habitualmente unos 12 dólares por producir energía. Pero bajo el nuevo convenio, denominado Contrato de Abastecimiento 220, cobrarán hasta 30 dólares por MW.

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Personas mayores de 75 años quedan exceptuadas de tramitar el nuevo DNI

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El Ministro del Interior, Florencio Randazzo, informó que por resolución, los mayores de 75 años quedan exceptuados de hacer el Nuevo DNI, lo cual es más simple y evita inconvenientes.

Además, advirtió que los mayores de 75 que deseen viajar al exterior, sí deberán actualizar el documento.

El 90% de los argentinos ya ha hecho su trámite, recordamos que a partir de 2015 para todos los menores de 75 años la libreta CELESTE y la TARJETA NUEVO DNI serán los únicos documentos válidos.

Personas mayores de 75 años quedan exceptuadas de tramitar el nuevo DNI

Abrirán la paritaria docente antes de fin de año, pero sólo para fijar el sueldo testigo 2015

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El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, ratificó que reunirá a las federaciones docentes en la paritaria salarial “antes de fin de año” para discutir el sueldo testigo 2015 que marca el básico al que deben llegar todos los distritos y que sirve de arranque para la definición del ciclo de clases. Sin embargo, rechazaron dar plus salarial.Durante una visita a la provincia de Mendoza, el funcionario sostuvo que “a nivel nacional ya estamos en paritarias”, ya que “siempre con los cinco gremios tenemos discusiones, que no son necesariamente salariales, que son de condiciones de trabajo y salud escolar”. “Seguramente nos estaremos reuniendo antes de fin de año”, manifestó el ministro. 

Por otra parte, según consignó Ámbito, el gobierno rechazó otorgar un bono salarial de fin de año en la administración pública nacional. De ese modo intentará evitar al máximo un efecto contagio en el sector privado, en donde los gremios en su mayoría ya hicieron pública su intención de reclamar un pago adicional como compensación por la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y la persistencia del Impuesto a las Ganancias en los segmentos más altos de la pirámide de ingresos. 

Si bien los funcionarios no impedirán la gestión de los sindicatos por la obtención de ese tipo de plus en las empresas, bloquearán cualquier negociación que pudiera interpretarse como una reapertura de las paritarias. Así lo hicieron saber en el Ministerio de Trabajo, donde minimizaron la pertinencia del reclamo por el plus salarial por entender que la inflación todavía no licuó los salarios pautados este año en paritarias.

La cartera laboral fijó así la posición que sostendrá hasta fin de año, en línea con lo que esbozaron hasta ahora funcionarios como el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, que desmintieron una pérdida de poder adquisitivo en los sectores formales que hiciera necesaria la negociación de un plus.

Abrirán la paritaria docente antes de fin de año, pero sólo para fijar el sueldo testigo 2015

En 2015 las clases comenzarán el 2 de marzo y terminarán el 18 de diciembre

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El Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área de todo el país, resolvió este miércoles que el calendario escolar del próximo año se extienda desde el 2 de marzo al 18 de diciembre. Los ministros de todo el país, encabezados por el titular del área nacional, Alberto Sileoni acordaron en un plenario que se realiza en Buenos Aires el inicio y finalización del calendario de 2015.Fuentes del ministerio que conduce Alberto Sileoni precisaronque "todas las jurisdicciones incluidas Capital Federal y provincia de Buenos Aires iniciarán el año lectivo el 2 de marzo" y que habrá 188 días de clases.

Entre las diferentes posturas sobre el comienzo de clases, según un relevamiento los gobiernos de la Ciudad y Entre Ríos se manifestarán a favor de iniciar en febrero, mientras el mandatario bonaerense Daniel Scioli adelantó que en la provincia el año escolar comenzará el 2 de marzo, postura que apoyan Misiones, Catamarca y Río Negro.

San Luis y San Juan se pronunciarán mañana por "unificar" y "consensuar" entre todas las jursidicciones el calendario escolar.

En tanto, el intendente de Mar del Plata y otros municipios de la Costa Atlántica impulsan junto a sindicatos y empresarios del turismo el inicio de clases a mediados de marzo.

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De Angeli pidió la supresión del artículo que habilita al gobierno nacional a tomar los excedentes de Salto Grande

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El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, pidió al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández y al vicepresidente Amado Boudou, que supriman el artículo 15 del proyecto de ley de Presupuesto que habilita a la Nación a tomar los excedentes que produce la represa Salto Grande.“Las regalías son fundamentales para que las familias vivan mejor. Los entrerrianos debemos administrar nuestros recursos, porque nadie mejor que nosotros, sabe lo que necesita la provincia”, afirmó el senador que en la nota insistió en que esos fondos “pertencen pura y exclusivamente a Entre Ríos, Corrientes y Misiones" 
“Estos recursos deben destinarse a mejorar la calidad de vida de los vecinos que, con mucho sacrificio, dejaron todo. Es una reparación histórica para los entrerrianos de la zona, para que tengan el futuro que todos soñamos y que ellos, merecen”, dijo el ruralista que remarcó a su vez la necesidad de "recuperar el federalismo para lograr la provincia que nos merecemos", dijo.

“La generación energética que produce Salto Grande y sus excedentes son el resultado de una larga lucha que dio la provincia y cada uno de los vecinos del lugar. Estos recursos son una indispensables para el desarrollo y debemos cuidarlos, asegurar su administración correcta y transparente para que nuestro norte, tan postergado, despegue y se cumpla la promesa de resarcir a las familias”, propuso De Angeli.

“Tenemos que invertir en el desarrollo energético, reparar el tendido y extenderlo para que nuestro norte tan postergado, crezca y podamos atender una demanda que crece constantemente”, dijo el senador de Entre Ríos y cerró: “La producción, la industria, y las fundamentales economías regionales necesitan esta inversión para seguir generando trabajo genuino y para que salgamos, todos juntos, adelante”, concluyó.

De Angeli pidió la supresión del artículo que habilita al gobierno nacional a tomar los excedentes de Salto Grande

Votación popular en Misiones por represas si o no

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Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales y de DD.HH. llevan adelante esta semana una consulta para protestar contra las represas hidroeléctricas proyectadas.

Darío Aranda

Misiones está de votación. Esta semana, en más de 1000 urnas en toda la provincia, los mayores de 16 años deciden el rechazo o la aceptación de represas. Una sola de las hidroeléctricas proyectadas (Garabí) inundará 40 mil hectáreas (dos veces la ciudad de Buenos Aires) y de-salojará a 2500 familias. “Las represas son parte del modelo productivo perverso que transforma la naturaleza de todos en lucro de unos pocos”, explicó el activista socioambiental Juan Yahdjian y llamó a votar: “La democracia actual no suele darnos muchas posibilidades de participar, pero ahora tenemos una oportunidad concreta para decidir nuestro futuro”. Por ley provincial, el plebiscito debe organizarlo el gobierno de Misiones, pero ante la negativa a convocarlo fue instrumentado por organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos e iglesias.

El Complejo Hidroeléctrico Garabí es un megaemprendimiento entre Brasil y Argentina que tiene su origen en la década del 80. Consiste en realizar una o más represas sobre el río Uruguay, en la zona compartida por Misiones y Corrientes con el estado brasileño de Río Grande do Sul. En 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre Brasil y Argentina y relanzaron formalmente el proyecto. Otros dos proyectos en carpeta son Panambí y Corpus.

La Mesa Provincial No a las Represas nuclea a 46 organizaciones. Indígenas, campesinos, organizaciones sindicales y de derechos humanos, iglesias (evangélica, luterana y católica). Un amplio abanico y diversidad de posicionamientos políticos, con la coincidencia de rechazar las represas. Denuncian los efectos sociales (masivos desalojos forzosos), sanitarios (enfermedades), ambientales (inundación de extensas superficies y pérdida de biodiversidad) y el “maldesarrollo” (sacrificar territorios y producir energía de forma no sustentable).

La Mesa Provincial exige que se cumpla la Ley IV-56 vigente en Misiones. El artículo 6 señala que “para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”. El gobernador Maurice Closs, desde hace tres años, rechazó llamar a votación.

Las organizaciones sociales realizan actividades informativas desde 2011, exigen que se cumpla la ley y poder votar. Ahora, la Mesa Provincial No a las Represas organizó la consulta popular. “Que no represen tu voz. El pueblo decide. Vos decidís”, es la consigna que convoca desde el lunes hasta el domingo 26 para votar en toda la provincia. Hay mil urnas en plazas, escuelas, centros comunitarios, sedes de organizaciones sociales y sindicales, universidades, centros culturales y comunidades indígenas. La pregunta que convoca es: “¿Está usted de acuerdo con la construcción de nuevas represas que afecten territorio misionero?”. Hay dos boletas, una con el “Sí” y otra con el “No”. Votan todos los misioneros mayores de 16 años, deben concurrir con DNI y cuentan con planillas y un sistema informático que permitirá el control y que nadie vote más de una vez. Las jornadas contarán con fiscalización de ONG y veedores nacionales e internacionales. El lunes 27 se contabilizarán los sufragios.

Raúl Aramendy, integrante de la Mesa Provincial, explicó que las represas ocasionaron en Misiones “un conflicto profundo de aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales”. Detalló que la más publicitada es Garabí (que inundará 40 mil hectáreas), pero son al menos cinco los proyectos en carpeta. Alertó que la instalación de represas sin participación ciudadana “viola la ley, no es justo y con injusticia no puede haber paz”. Llamó a votar para “ser escuchados y enseñar democracia practicándola en las calle”.

La Mesa Provincial No a las Represas puntualiza también en los efectos sanitarios. Los lagos que generan las represas son el hábitat de vectores transmisores de malaria, dengue, leishmaniasis y esquistosomiasis, entre otras enfermedades. “La propagación de estas enfermedades es asociada con la alteración del régimen de los ríos, por lo que ha sido llamada la enfermedad de las represas”, explica la organización misionera Cemep-Adis, parte del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). La Mesa Provincial propone un gradual cambio hacia una matriz energética nacional que apueste a energías renovables.

Nora De Dieu, de ATE Misiones, se preguntó para quién será la energía producida con las represas: “Necesitan más energía para asegurar las políticas extractivistas de multinacionales que avanzan sobre territorios y vidas”. Juan Yahdjian, 80 años, médico e histórico activista socioambiental de Eldorado, recordó la vinculación directa entre represas y enfermedades y citó al pueblo guaraní: “Nos enseñan que el río es para el ecosistema como la sangre para el cuerpo. Si la sangre no llega, esa parte del cuerpo enferma. Donde el río no llega, esa zona morirá”. Y vinculó las hidroeléctricas y las “hidrovías” (profundización de ríos para grandes barcos) al modelo extractivo vigente en Latinoamérica y que fue formalizado en el 2000 por doce gobiernos.

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La Corte Suprema lanzó un cuerpo de peritos especializados para investigar delitos de corrupción en el Estado

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En la Acordada de Ministros de hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lanzó un cuerpo de Peritos especializados para investigar delitos de corrupción contra la Administración Pública. Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal impulsa esta medida “preocupados por la cantidad de delitos de lavado de activos, defraudación, cohecho y enriquecimiento ilícito con fondos del erario público”, explicaron voces cercanas a los jueces. Eugenio Rául Zaffaroni, el ministro que anunció su renuncia para el 1 de enero de 2015, es el único miembro del tribunal que no firmó el texto. Entre los fundamentos para concretar esta medida, la Acordada 34/2014 invoca el objetivo de “afianzar la justicia y lograr una mayor eficacia en el caso de los delitos contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de la Organización de la Naciones Unidas contra la Corrupción, de las cuales la República Argentina es parte”.

Asimismo, la Corte Suprema hizo hincapié en el preámbulo de esa convención del Sistema Interamericano que establece que los actos de corrupción comprometen “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia” y el artículo primero que dice que el objetivo de esa convención es “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos".

Para los ministros, “es tarea de todos los poderes del estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción, como facilitar los procesos.”, sentenciaron cercanos a los magistrados. El cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública, se conformará a través de concursos públicos, será parte del Poder Judicial de la Nación con supervisión de la Corte Suprema.

El mecanismo de funcionamiento se activará “a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal y deberá elaborar informes de su especialidad en un tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes”, explican especialistas. Se seleccionarán diez expertos que conformarán el órgano anticorrupción con profesionales, de reconocida solvencia y experiencia en las disciplinas científicas requeridas para el cumplimiento de aquellas funciones, elegidos mediante un concurso abierto de evaluación y antecedentes, ratificaron asesores del Máximo Tribunal.

En tanto, en el día de hoy los ministros revocaron un fallo del Superior Tribunal de Jujuy que había desestimado el reclamo de un legislador provincial, en donde pretendía que el Ejecutivo local le informara sobre la constitución de organismos vinculados al desarrollo turístico.

De esta forma, la Corte Suprema indicó que los jueces de la provincia, contrariaron la legislación interna al no cumplir con la revisión de la ley local 4444, “que reconoce a toda persona física o jurídica el derecho a acceder a las fuentes de información pública, sin tener que explicar las razones de su pedido, y se aparataron de lo establecido como parámetro en la causa “asociación Derechos Civiles c/ PAMI y Cippec”, del 4 de Diciembre de 2012 y 26 de marzo de 2014, respectivamente, emitidos ambos por este mismo Tribunal”.

(*) Por Natalia Aguiar, especial para Perfil.com.

La Corte Suprema lanzó un cuerpo de peritos especializados para investigar delitos de corrupción en el Estado

La Bancaria está de paro y no hay atención al público en La Paz

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Los bancarios convocaron a un paro de actividades para hoy y esperan un acatamiento masivo.

En La Paz confirmaron a este medio que ambas entidades bancarias se adhieren por lo que NO habrá atención al público.

Al respecto, el secretario gremial de la Asociación Bancaria seccional Paraná, Juan Carlos Navarro, indicó: “Venimos siguiendo la lucha que desde mediado de año La Bancaria, realiza por una modificación al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, o que de parte del sector empresario haya una compensación al descuento que están sufriendo los trabajadores por ese impuesto”. “Si no hay respuesta posterior a esa fecha, ya se definió un paro de 48 horas para la segunda semana de noviembre”, adelantó el dirigente gremial.

Consultado al representante de los bancarios en Paraná, sobre las expectativas de adhesión a la medida de fuerza, éste acotó: “Creemos que el resultado será igual a los anteriores porque los trabajadores están concientizados, así que creemos que el acatamiento al paro será masivo. El objetivo del gremio, es que el gobierno o el sector empresario busquen una solución porque si uno suma los descuentos mensuales de un año, equivalen a un sueldo del trabajador”, consignó El Once.


La Bancaria está de paro y no hay atención al público en La Paz

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